
En una votación dividida que terminó 7 a 6, la instancia legislativa dio luz verde a la iniciativa que busca despenalizar la interrupción del embarazo sin causales. El debate estuvo marcado por fuertes discursos sobre la desigualdad económica, la seguridad de las mujeres y el fin de la clandestinidad en los procedimientos reproductivos.
La discusión sobre los derechos reproductivos en Chile vivió una jornada decisiva este martes. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que consagra el Aborto Libre, permitiendo que la iniciativa avance a su siguiente etapa: la discusión en particular. El resultado, un estrecho 7 a 6, refleja la polarización de una temática que vuelve al centro de la agenda pública.
Justicia social y poder adquisitivo
Tras la votación, las parlamentarias oficialistas destacaron que el proyecto no busca incentivar el aborto, sino regular una realidad histórica bajo criterios de equidad. La diputada Alejandra Placencia (PC) enfatizó que la clandestinidad afecta principalmente a las mujeres más pobres.
«Las mujeres en este país siempre han abortado. Hoy, lo que determina si una mujer puede hacerlo en buenas condiciones es su poder adquisitivo«, señaló Placencia. La parlamentaria agregó que el Estado debe garantizar que esta decisión no ponga en riesgo la vida ni la salud reproductiva de quienes no cuentan con recursos para acceder a clínicas privadas o viajes al extranjero.
Seguridad vs. Clandestinidad
En la misma línea, la diputada Maite Orsini (FA) fue tajante al señalar que la prohibición no detiene las interrupciones del embarazo. «Abortos hay, abortos hubo y abortos van a seguir habiendo. Lo que estamos discutiendo hoy es si esos abortos serán en la clandestinidad e inseguros, poniendo en riesgo la vida de las mujeres», sentenció.
Lo que viene en el proceso legislativo
Con esta aprobación en general, el proyecto queda radicado en la misma comisión para su discusión en particular, instancia donde se analizarán las indicaciones, plazos de semanas de gestación y detalles técnicos de la prestación de salud. Se espera que esta etapa sea aún más compleja, dada la paridad de fuerzas en el Congreso y la férrea oposición de los sectores conservadores.
De convertirse en ley, Chile pasaría de un sistema de tres causales específicas (riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación) a un modelo de autonomía donde la mujer pueda decidir sobre su proyecto de vida sin la amenaza de sanciones penales.







