Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, actualmente en prisión preventiva e imputado por violación, gestionó una importante cantidad de fondos reservados durante su tiempo al mando de la cartera. Según los informes oficiales entregados por la Subsecretaría del Interior el 5 de diciembre, Monsalve solicitó un total de $847 millones durante los 30 meses en los que ocupó el cargo, desde marzo de 2022 hasta su renuncia en octubre de 2024. Esta cifra coincide con las declaraciones recientes del subsecretario Luis Cordero, quien relató que cuando asumió el cargo, encontró únicamente $1 millón en la caja fuerte destinada a esos fondos, a pesar de los $50 millones que habían sido solicitados en las semanas previas.
La solicitud de gastos reservados de Monsalve ha generado preocupación entre los parlamentarios. En una sesión de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, la diputada RN Carla Morales expresó su descontento ante la falta de detalle en la rendición de estos fondos. “Hemos pedido un segundo informe para clarificar la planificación de los gastos reservados, para también tener un orden de cómo se gastaron estos recursos”, señaló Morales. Según los datos entregados, algunos meses de 2023 registraron solicitudes de más de $150 millones, lo que ha elevado las sospechas sobre el destino de esos recursos.
Una investigación realizada por BioBioChile reveló que en diciembre de 2023, cuando Monsalve pidió $150 millones en fondos reservados, también se produjo un aumento notable en su Ahorro Previsional Voluntario (APV), que creció en $24,9 millones. Estos movimientos generaron dudas sobre la transparencia y la legalidad de los gastos. Aunque el exsubsecretario asegura que los fondos fueron utilizados para la seguridad pública, el uso de estos recursos sigue siendo investigado tanto por la Contraloría como por el Ministerio Público. El fiscal Francisco Jacir, quien está a cargo de la causa, ha solicitado que se agregue la querella del diputado Andrés Celis, que cuestiona la posible existencia de delitos contra la Ley de Inteligencia.
A pesar de las investigaciones en curso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aún no ha tomado acciones oficiales al respecto. Por su parte, la Contraloría General de la República mantiene abiertas investigaciones sobre las inconsistencias en las declaraciones de patrimonio de Monsalve y la posible mala utilización de los gastos reservados. La situación se complica aún más con el rechazo judicial al levantamiento del secreto bancario solicitado por la Fiscalía, lo que retrasa las indagaciones sobre el destino de los fondos. Mientras tanto, Monsalve continúa enfrentando un complejo panorama legal, con varias instancias a la espera de respuestas claras sobre el manejo de estos recursos públicos.
