La crisis habitacional en la región de Tarapacá alcanzó un punto de máxima alerta tras revelarse el impacto de los suelos salinos en la infraestructura local. La problemática mantiene a miles de pobladores sumidos en la incertidumbre debido al severo daño estructural que registran sus departamentos, forzando la evacuación masiva de blocks completos mediante subsidios estatales de arriendo temporal.
El drama humano fue visibilizado por los propios afectados de los condominios sociales de la comuna de Alto Hospicio. La dirigenta del condominio Doña Ángela, Manolita Vivas, manifestó con angustia que “ha sido como una pesadilla. Luchamos tantos años para que nos entregaran nuestros departamentos, y al poco tiempo, en 2014, comienzan las fallas estructurales a causa de estos socavones. Han pasado 12 años y aún no tenemos solución. Ojalá que en este gobierno se haga algo”.
Ante este escenario, las autoridades ministeriales se comprometieron a apurar las gestiones político-legislativas para decretar herramientas de excepción constitucional. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo firmemente que “estoy convencido de que en Alto Hospicio tiene que haber una dictación de estado de catástrofe, que nos permita, junto con el Congreso, conseguir recursos adicionales mediante un fondo que sea transitorio”.
PLAN DE DEMOLICIÓN Y RELOCALIZACIÓN
La postura del secretario de Estado se alineó directamente con los requerimientos emanados desde el Parlamento para frenar el avance del deterioro salino. El ministro de Vivienda manifestó además que “como dice Renzo Trisotti Martínez, este es un terremoto silencioso que tenemos que atender con urgencia. Ya estamos trabajando en ello, y dentro de eso está impulsar un proyecto para viviendas críticas, que son alrededor de mil, para poder demolerlas y relocalizar a las familias”.
Por su parte, desde el municipio local emplazaron al Estado a romper con la burocracia centralizada para agilizar la demolición de las torres colapsadas. El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, aseguró de forma crítica que “la desidia de diferentes gobiernos se ha traducido en una reacción insuficiente y tardía”, exigiendo acciones definitivas para las más de 10 mil familias damnificadas indirectas de la comuna.
Finalmente, el comité parlamentario regional valoró la apertura de la cartera de Vivienda para avanzar en una Ley de Socavones. La senadora de la Región de Tarapacá, Danisa Astudillo confirmó que tras la reunión que “le solicitamos algo que pedimos durante años, que era declarar un estado de catástrofe. Y tuvimos una buena recepción”, abriendo una ventana de esperanza para el inicio definitivo de las obras de regeneración urbana.
