MILEI SELLA AMBICIOSO PACTO CON EL FMI PARA TRITURAR 155 IMPUESTOS, BLINDAR EL DÉFICIT CERO Y CONGELAR LA REFORMA PREVISIONAL

El Fondo Monetario aprobó la segunda revisión del acuerdo y liberó fondos clave para Argentina. El memorando secreto desclasificó la hoja de ruta de la Casa Rosada para los próximos dos años: un shock de simplificación tributaria, la eliminación gradual de las retenciones al campo y una estrategia de pragmatismo político que posterga los cambios a las jubilaciones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

El experimento económico libertario liderado por Javier Milei en Argentina ha superado una de sus pruebas de fuego más determinantes ante los mercados internacionales. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó formalmente la segunda revisión del acuerdo con el país trasandino, liberando un estratégico tramo del paquete de 20.000 millones de dólares que el organismo multilateral comprometió con la administración de la Casa Rosada el año pasado.

Sin embargo, más allá del crucial alivio financiero y el «visto bueno» a nivel técnico, el memorando de políticas económicas que acompañó la decisión del organismo dejó al descubierto la verdadera e inédita hoja de ruta de los compromisos estructurales que el gobierno libertario asumió ante el concierto financiero internacional para sus próximos dos años de gestión. Se trata de una agenda de reformas de alto impacto que incluye una profunda reestructuración tributaria, un presupuesto estatal atado por ley a la regla inquebrantable del déficit cero y un rediseño del sistema previsional que, por razones de alta sensibilidad electoral, ha sido postergado estratégicamente.

Guerra frontal a la burocracia: Un sistema con más de 155 impuestos en la mira

El compromiso más explícito y con plazos perentorios asumido por el Ejecutivo argentino en el documento oficial es la presentación de una masiva reforma tributaria antes de que concluya el presente año 2026. La iniciativa legal apuntará a demoler y simplificar un entramado fiscal que el propio FMI cataloga en sus informes de “complejo, altamente distorsivo e inestable”.

El diagnóstico técnico es demoledor: Argentina arrastra una telaraña de más de 155 impuestos vigentes, y más de un 25% de la recaudación total del Estado depende de tributos considerados nocivos, tales como los derechos de exportación (retenciones), el impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque) y el resistido impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), un gravamen provincial que se aplica en cascada y encarece brutalmente cada etapa de la cadena productiva.

Ante este adverso escenario, el FMI trazó una serie de recomendaciones estructurales que Milei ya comenzó a ejecutar: reducir de cuajo las exenciones impositivas a sectores corporativos privilegiados, ampliar la base del impuesto a las ganancias (renta), simplificar el impuesto corporativo para aliviar a las empresas y eliminar de forma gradual las retenciones agroindustriales.

Como una potente señal de mercado hacia el sector agrario, el Gobierno argentino presentó esta semana un cronograma de bajas graduales de derechos de exportación para el campo y la industria. Cálculos internos del FMI estiman que eliminar las retenciones podría disparar las exportaciones agroindustriales en un 10%, inyectando unos 5.000 millones de dólares anuales en divisas frescas y elevando el Producto Interno Bruto (PIB) en alrededor de 0,4 puntos porcentuales.

La encrucijada del déficit cero y el fantasma de las reservas

Pese a que el Gobierno viene cumpliendo a rajatabla con el dogma del superávit financiero —registrando balances positivos en el sector público no financiero—, sostener la meta del déficit cero en el Presupuesto 2027 asoma como un desafío titánico. Expertos advierten que la fragilidad de la actividad económica y del mercado laboral interno amenazan con secar los ingresos fiscales corrientes. “El déficit cero es posible de mantener, pero requiere de un esfuerzo constante para que la recaudación no pare de caer”, advirtió el economista de la consultora Ecogo, Lucio Garay.

A esto se suma la delicada situación cambiaria que enfrenta el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El FMI encendió las alarmas al constatar que la posición de reservas internacionales netas negativas ronda los 10.000 millones de dólares, proyectando que los pagos que Argentina debe devolverle al propio Fondo alcanzarán un complejo 18% de las reservas brutas para el año 2027. En el segundo semestre de este año, la menor oferta estacional de dólares y la presión del contexto electoral de medio término podrían forzar al Central a quemar divisas para sostener el tipo de cambio, el cual actúa hoy como la principal ancla para mantener a raya la inflación.

Pragmatismo electoral: Las jubilaciones se tocan después de las presidenciales

Uno de los capítulos más agudos y políticamente explosivos del memorando con el FMI aborda el futuro del sistema previsional. En una evidente muestra de realismo político, el gobierno de Javier Milei dejó explícitamente asentado que no avanzará con ninguna reforma estructural al sistema de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

La tesis de la Casa Rosada establece que para modificar las jubilaciones se requiere primero alcanzar una masiva formalización laboral —impulsada por la recién implementada Ley de Modernización Laboral— y consolidar el crecimiento del sector privado mediante la reforma tributaria previa. Solo una vez pavimentado ese camino, se diseñará el nuevo modelo de reparto o capitalización.

La postergación genera suspicacias técnicas en los pasillos de Washington, toda vez que el FMI alertó que el gasto en pensiones devora aproximadamente el 45% del presupuesto federal argentino, una carga que amenaza con agravarse de forma acelerada debido a las presiones de la transición demográfica. Para los analistas, congelar esta discusión responde netamente a un cálculo de supervivencia en las urnas, dado que el costo político de ajustar las pensiones antes de una elección general es infinitamente superior a los costos financieros de corto plazo.

Espejo transandino: ¿Qué lecciones puede extraer Chile?

El drástico viraje económico de la Argentina de Milei se produce de manera simultánea en un momento en que Chile tramita su propio rediseño fiscal en el Congreso Nacional. El gobierno de José Antonio Kast se encuentra impulsando una megarreforma de 40 medidas de corte pro-crecimiento que ya superó con éxito su primer trámite legislativo, pero que avanza bajo el estricto monitoreo del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) debido a los eventuales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Sin embargo, el debate a ambos lados de la cordillera posee signos diametralmente opuestos. Mientras Argentina se enfoca en limpiar de su sistema tributario los impuestos distorsivos para recuperar competitividad de urgencia, Chile discute una agresiva rebaja al impuesto corporativo de primera categoría, reduciéndolo del 27% al 23% como motor de inversión, pero sin contemplar medidas recaudatorias de compensación inmediata para mitigar la caída de los ingresos de las arcas fiscales de la Tesorería General.

Voces del sector empresarial chileno analizan el fenómeno con cautela, apuntando a que el modelo de shock argentino entrega una lección clave respecto al orden de los factores en la macroeconomía: “Argentina intentó ordenar primero el déficit fiscal y después encarar las reformas estructurales. Ese orden importa”, confidenció un líder gremial bajo reserva, sentenciando que la simplificación de un sistema y la construcción de formalidad laboral son procesos culturales de largo aliento que no se consolidan de la noche a la mañana, ni siquiera bajo el ímpetu de una revolución libertaria.