El Servicio Electoral alista el envío masivo de RUTs a los Juzgados de Policía Local para sancionar a quienes se restaron de las urnas el año pasado. Las multas superan los 100 mil pesos, pero los propios jueces ya levantaron la voz para advertir que el sistema no da abasto, la tramitación sigue siendo a papel en muchas comunas y la gran mayoría de las sanciones termina en letra muerta.
La abstención en los pasados comicios presidenciales y parlamentarios de 2025 dejó un arrastre judicial gigante. El Servicio Electoral apretó el acelerador y ya tiene listas las nóminas para cumplir con el mandato legal de denunciar a cada elector que dejó la mesa vacía.
El propio director del Servel, Raúl García, confirmó la cifra oficial ante la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos: son exactamente 3.760.261 las personas que no sufragaron y que van directo a los tribunales.
El organismo se encuentra en plena fase de procesamiento de datos para cruzar las planillas con el Registro Civil y los juzgados comunales. La entrega de estos antecedentes se concretará de manera paulatina entre octubre y noviembre de este año.
El bolsillo en juego: multas que llegan hasta los $108 mil
Con la vuelta del voto obligatorio, saltarse el proceso electoral sale caro. La legislación establece castigos económicos directos que van desde las 0,5 hasta las 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Traducido a cifras concretas, las sanciones parten en un piso cercano a los $36 mil pesos y pueden escalar hasta bordear los $108 mil pesos por persona.
El cobro de estas multas no queda en manos del Servel, sino que recae exclusivamente en los magistrados de cada comuna. Serán ellos quienes citen a los infractores a comparecer, dándoles la opción de presentar excusas válidas —como haber estado a más de 200 kilómetros del local de votación, enfermedad o impedimentos graves— antes de aplicar el castigo económico.
La rebelión de los jueces: «El voto obligatorio se vuelve voluntario en la práctica»
Desde el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local no tardaron en poner paños fríos y evidenciar la fragilidad del sistema. El presidente del gremio, Francisco Ríos, fue categórico al cuestionar la efectividad real de estas denuncias masivas y la capacidad de los tribunales para cobrar.
«Casi el 100% de las órdenes de reclusión despachadas por los juzgados de policía local son inefectivas en su cumplimiento. En los hechos, el voto obligatorio se vuelve voluntario, porque el procedimiento no cumple el objetivo», disparó Ríos.
El magistrado explicó que en las ciudades con mayor densidad poblacional miles de citaciones terminan guardadas en carpetas sin que se concrete el pago. La falta de mecanismos de apremio efectivos genera que la ley pierda peso y que un porcentaje alto de infractores simplemente ignore la notificación.
Colapso administrativo: pendrives, planillas Excel y registros a mano
A la falta de herramientas para exigir el pago se suma la precariedad tecnológica con la que operan decenas de juzgados a lo largo de Chile. La inyección repentina de 3,7 millones de causa representa una sobrecarga brutal para secretarios y actuarios.
El Servel suele despachar las denuncias en formato digital dentro de un pendrive, pero la realidad de los tribunales difiere según el presupuesto de cada municipio. Mientras algunos juzgados cuentan con softwares para importar bases de datos en segundos, los tribunales de comunas más pequeñas o vulnerables tienen que ingresar las causas manualmente en libros físicos o planillas Excel.
Esta brecha operativa anticipa un atascamiento severo en la justicia local, donde las notificaciones para un ciudadano sin votar podrían demorar meses e incluso años en ser emitidas.
