Con 88 votos a favor, el Congreso aprobó el nuevo sistema que fusiona beneficios actuales en un solo programa integral. La medida, enfocada por primera vez en PYMES y grupos prioritarios, nace en medio de una fuerte tensión política por la reciente desaceleración en la creación de puestos de trabajo y una tasa de desocupación que se mantiene en el 8,3%.
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley esta tarde el proyecto que crea el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Esta iniciativa, parte de la Agenda de Productividad del Ejecutivo, busca modernizar y simplificar el esquema estatal de ayudas laborales, eliminando la fragmentación y la duplicidad de beneficios para mejorar la eficiencia del gasto público.
¿Qué es el SUE y a quiénes beneficia?
El nuevo sistema reemplaza y unifica tres programas existentes: el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional al Trabajador Joven. Su objetivo principal es incentivar la contratación formal de cuatro grupos con baja inserción laboral:
- Jóvenes entre 18 y 24 años.
- Mujeres de entre 25 y 54 años.
- Personas mayores de 55 años.
- Personas con discapacidad (mayores de edad).
Montos y funcionamiento técnico
La ley establece un aporte monetario combinado que puede alcanzar los $185.000 mensuales. De este monto, hasta $50.000 irán directamente al trabajador y hasta $130.000 al empleador.
- Porcentaje de apoyo: El subsidio puede cubrir hasta el 20% de la remuneración bruta mensual del trabajador por un máximo de 12 meses.
- Foco en PYMES: Contempla bonificaciones diferenciadas y pagos escalonados diseñados específicamente para micro y pequeñas empresas.
- Independientes: Los trabajadores por cuenta propia también podrán acceder validando su actividad mediante movimientos tributarios.
Debate marcado por el desempleo
Pese a su aprobación, la sesión estuvo cargada de críticas de la oposición debido a las últimas cifras del INE. El trimestre noviembre-enero registró una tasa de desocupación del 8,3% y una pérdida de 59 mil empleos respecto al periodo anterior. Además, la informalidad laboral alcanzó un preocupante 26,8%.
Desde la oposición, parlamentarios republicanos calificaron la medida como un «círculo vicioso», argumentando que el Gobierno no genera las condiciones de mercado necesarias para el empleo formal. Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, defendió la ley señalando que optimiza los US$200 millones que ya se invierten anualmente, dándoles un foco estratégico en las empresas de menor tamaño que enfrentan desafíos económicos.
Con esta ley, el Estado busca que el subsidio deje de ser un alivio temporal y se transforme en una herramienta real de dinamización para que miles de personas logren ingresar o retornar al mundo del trabajo formal.
