El abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, ha presentado una querella en contra del Ministerio Público, a raíz de las múltiples filtraciones en el marco de la investigación del Caso Audios. La denuncia fue formalizada por su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La defensa argumenta que la Fiscalía ha vulnerado derechos fundamentales durante el proceso.
La querella se centra en la filtración de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de Hermosilla, el cual fue incautado por la Fiscalía de Las Condes en noviembre de 2023. Según la defensa, estas filtraciones no solo han afectado la privacidad del acusado, sino que además han comprometido la transparencia y legalidad del proceso. “Consideramos que las filtraciones son una grave infracción a las garantías constitucionales de mi defendido”, sostuvo Juan Pablo Hermosilla en su declaración ante la prensa.
El documento presentado en la querella señala a varios fiscales como los posibles responsables de las filtraciones, incluyendo a Felipe Sepúlveda, jefe de la Fiscalía de Las Condes, y a Lorena Parra, fiscal a cargo del caso. Según lo informado por La Segunda, Parra había indicado al inicio de la investigación que solo un pequeño grupo de fiscales tendría acceso a los mensajes incautados. “No se puede permitir que estos mensajes privados sean difundidos de manera tan amplia”, indicó la defensa.
Asimismo, la querella acusa que las filtraciones han llegado a manos no autorizadas, como algunos parlamentarios, lo que, según la defensa, agrava aún más la situación. «Las filtraciones han sido muy grandes y han llegado a personas que no deberían tener acceso a esta información», explicó Juan Pablo Hermosilla. En este contexto, la defensa solicita que la fiscal Parra sea una de las primeras investigadas por la magnitud de las filtraciones.
Finalmente, más allá de las filtraciones, la querella denuncia la vulneración de derechos constitucionales y legales durante la investigación, lo que podría invalidar algunas de las pruebas obtenidas. De acuerdo con la defensa, esta situación podría generar un precedente en la manera en que se manejan las investigaciones y la protección de derechos fundamentales en el país.
