La Ley Ricarte Soto, creada para garantizar financiamiento a tratamientos de alto costo, enfrenta hoy un complejo escenario debido a la falta de recursos en su fondo financiero, situación que genera preocupación entre más de 43 mil pacientes que actualmente dependen de este sistema para acceder a sus terapias.
A una década de su implementación, la normativa ha permitido cubrir 27 enfermedades y beneficiar a más de 77 mil personas en Chile, sin embargo, especialistas y organizaciones de pacientes advierten que desde hace seis años no se incorporan nuevas patologías ni tratamientos, lo que refleja las limitaciones presupuestarias que enfrenta el programa.
La iniciativa nació con el objetivo de evitar que una enfermedad de alto costo signifique la ruina económica de las familias, otorgando protección financiera frente a medicamentos o terapias cuyo valor supera ampliamente la capacidad de pago de los pacientes.
FONDO LIMITADO Y PROCESOS DETENIDOS
El financiamiento de la ley proviene de un fondo especial cercano a los 100 mil millones de pesos anuales, ajustado por inflación, recursos que han permitido sostener las coberturas actuales, pero que hoy resultan insuficientes frente al creciente costo de los tratamientos y la demanda de nuevas terapias.
De acuerdo con especialistas, el último decreto que incorporó nuevas patologías fue emitido en 2019, y desde entonces el presupuesto disponible se utiliza únicamente para mantener las coberturas existentes.
La situación se agravó luego de que se suspendiera el proceso de evaluación para incorporar 39 nuevos diagnósticos y tratamientos, debido a la falta de un informe financiero del Ministerio de Hacienda que confirme la disponibilidad de recursos. Esta condición es obligatoria para iniciar cualquier actualización del sistema.
PACIENTES ENFRENTAN ALTOS COSTOS DE TRATAMIENTO
Mientras el sistema permanece sin nuevas incorporaciones, miles de personas continúan enfrentando gastos mensuales que pueden superar varios millones de pesos para costear medicamentos.
Algunos tratamientos biológicos para enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pueden costar entre 600 mil y más de un millón de pesos al mes, mientras que otros fármacos para patologías complejas superan los 2 o incluso 3 millones de pesos mensuales, cifras que muchas familias deben cubrir con recursos propios.
Organizaciones de pacientes advierten que al menos 30 mil personas se mantienen fuera de la cobertura de la ley, a la espera de que sus enfermedades o terapias sean evaluadas para ingresar al sistema.
Actualmente, el Ministerio de Salud presentó en 2025 un proyecto para fortalecer el financiamiento del fondo, iniciativa que busca aumentar los recursos disponibles y mejorar los mecanismos de evaluación de tratamientos. Aunque la propuesta fue aprobada en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, su tramitación legislativa aún no registra avances significativos.
Mientras tanto, pacientes y organizaciones sociales sostienen que la continuidad y fortalecimiento de la ley es clave para evitar que el costo de enfermarse se transforme en una carga económica imposible de enfrentar para miles de familias en el país.
