Tras el recurso de protección presentado por agricultores, el tribunal de alzada de Arica dictaminó que la municipalidad no ha dado soluciones definitivas al rebalse de alcantarillado en el Regimiento Huamachuco. El fallo advierte que el derrame de desechos hacia canales de regadío amenaza la salud y el medio ambiente de la zona.
En una decisión unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección que pone bajo la lupa la gestión sanitaria de la Municipalidad de Putre. La justicia fue clara: la casa edilicia tiene un plazo de 30 días para informar sobre las medidas definitivas que impidan un nuevo colapso del colector de aguas servidas.
El origen del conflicto: El canal «Cubrimani» en peligro
La emergencia, que alcanzó su punto crítico entre octubre y diciembre de 2025, afectó directamente al canal de regadío «Cubrimani». Los agricultores denunciaron que las aguas servidas provenientes de un alcantarillado ubicado dentro del Regimiento Huamachuco —bajo responsabilidad municipal— ingresaron a sus sistemas de riego, contaminando sus cultivos y poniendo en riesgo la sanidad de sus productos.
Aunque el municipio argumentó que la situación se había subsanado con «medidas de emergencia«, un informe de la Seremi de Salud fue lapidario: si bien se realizaron mejoras parciales, persisten deficiencias graves en la planta de tratamiento de aguas servidas de Putre que podrían generar nuevos colapsos.
Fallo unánime por garantías constitucionales
Los ministros José Delgado, Nora Bahamondes y la abogada (i) Sandra Negretti establecieron que el municipio no ha actuado de manera «eficaz y eficiente», vulnerando garantías fundamentales de la Constitución Política, específicamente:
- Numeral 1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
- Numeral 8: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Plazo fatal: 30 días para un plan concreto
La resolución judicial ordena a la Ilustre Municipalidad de Putre adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el colector no vuelva a fallar. El tribunal no aceptará más «parches» temporales y exige un informe detallado en un mes sobre las acciones estructurales que se implementarán. Este fallo representa un alivio para la comunidad agrícola de la zona, que ha visto amenazado su sustento y su salud debido a la falta de mantenimiento en la infraestructura sanitaria comunal.
