Tras la caída de Ángela Vivanco, la Fiscalía estrecha el cerco sobre los exmagistrados María Teresa Letelier, Diego Simpértigue, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj. Investigaciones por tráfico de influencias, la «trama bielorrusa» y nexos con el caso Audios marcan el punto más crítico de la crisis en el Poder Judicial.
La crisis institucional que sacude al Poder Judicial desde finales de 2023 parece estar lejos de su desenlace. A la actual situación de la exsuprema Ángela Vivanco —en prisión preventiva— se suma ahora un escenario judicial extremadamente complejo para otros cuatro exintegrantes del máximo tribunal y de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes enfrentan la posibilidad inminente de ser formalizados.
María Teresa Letelier: Dudas sobre un teléfono «robado»
La exministra de la Corte Suprema es investigada por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales. El pasado 9 de enero, la PDI allanó su hogar, incautando computadores y cuentas corrientes. Sin embargo, el foco está en su teléfono celular: Letelier denunció su robo, versión que el Ministerio Público descartó tras revisar cámaras de seguridad y detectar que la tarjeta SIM fue utilizada en lugares cercanos a su hija, la ministra Bárbara Quintana. Su defensa acusa a la fiscalía de entregar información falsa al tribunal.
Diego Simpértigue: Viajes, cruceros y la trama bielorrusa
El también destituido por el Congreso, Diego Simpértigue, es indagado por sus vínculos con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos (hoy en prisión preventiva). Se investigan pagos de viáticos, correos y una serie de viajes en cruceros con dichos abogados. La Fiscalía Regional de Los Lagos busca determinar si Simpértigue favoreció al consorcio Belaz Movitec en perjuicio de Codelco, en lo que se denomina la «trama bielorrusa«. Ya se autorizó el levantamiento de su secreto bancario.
Verónica Sabaj: A un paso de la formalización
La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, destituida en 2020, enfrenta una situación crítica. Se le imputa haber contactado a Luis Hermosilla para asegurar su nombramiento a cambio de favores judiciales, como filtrar información sobre la composición de salas e influir en votaciones relacionadas con el caso Dominga y el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Actualmente, se espera que la Corte Suprema revise una querella de capítulos en su contra.
Antonio Ulloa: Filtraciones y transferencias bajo la lupa
Destituido tras una acusación constitucional, Ulloa es investigado por vulnerar la reserva de resoluciones judiciales al enviar minutas y proyectos a Luis Hermosilla. Además, la Fiscalía Regional de Valparaíso indaga una transferencia de $1 millón recibida por Ulloa desde Sergio Yáber, imputado por lavado de activos en la trama bielorrusa. Aunque Ulloa afirma que Yáber es solo un amigo y descarta irregularidades, podría enfrentar una querella de capítulos y posterior formalización.
Esta red de investigaciones, que conecta el «Caso Audios» con irregularidades administrativas y fallos millonarios contra el Estado, mantiene en vilo la credibilidad del sistema de justicia en el país.
