
El documento revela que Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica destinaron más recursos a fiestas que a ayudas directas a personas naturales durante 2025. En el caso de la región de Tarapacá, el gasto acumulado en festejos de la comuna hospiciana superó los $624 millones en dos años, registrando una diferencia de más de $90 millones respecto a su inversión social. Comunas como Camarones e Iquique también figuran bajo la lupa debido a sus altos montos ejecutados y gastos per cápita excesivos.
Un lapidario informe consolidado de la Contraloría General de la República (CIC N°22), emitido este 6 de abril de 2026, ha puesto en jaque la gestión presupuestaria de los municipios chilenos durante el periodo 2024-2025. El documento revela una realidad preocupante para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá: varios de sus municipios presentan una brecha alarmante entre el gasto destinado a celebraciones y el invertido en asistencia social para sus habitantes más vulnerables.
La normativa es clara: según la Ley N° 18.695 y el Dictamen N° 16.903, los recursos públicos deben orientarse al beneficio de la comunidad y respetar los principios de eficiencia y economicidad, evitando gastos excesivos o incompatibles con la situación financiera local. Sin embargo, la data analizada a través de Mercado Público y SICOGEN cuenta una historia distinta.
Alto Hospicio: El mayor gasto acumulado del norte
Dentro del listado nacional de las 11 municipalidades que superan los $360 millones de pesos en gastos de celebraciones durante el periodo analizado, Alto Hospicio lidera la zona norte con un gasto total de $624.739.962.
El desglose de esta comuna muestra una tendencia marcada:
- En 2024: Ejecutó $401.003.104 en festejos.
- En 2025: El monto fue de $223.736.858.
- Tanto en 2024 como en 2025, Alto Hospicio registró una diferencia superior a los $90 millones entre el gasto en fiestas y el destinado a asistencia social a personas naturales.
Iquique, Arica y Pozo Almonte: Celebraciones bajo la lupa
La capital regional de Tarapacá, Iquique, también figura de forma destacada en el ranking nacional, ocupando el quinto puesto entre los municipios con mayores gastos. Según la Contraloría, Iquique acumuló $455.393.504 en celebraciones durante los dos años evaluados. Su gasto se intensificó en 2025, cuando la cifra ascendió a $260.787.222, superando los $194 millones registrados el año anterior.
Por su parte, Arica y Pozo Almonte mostraron comportamientos similares a Alto Hospicio, donde la inversión en festejos sobrepasó sistemáticamente a la ayuda social. En el año 2025, Pozo Almonte incluso figuró gráficamente con una de las brechas más amplias de la comparativa nacional, destinando recursos significativamente mayores a conmemoraciones que a asistencia directa.
Camarones y Huara: Gasto per cápita excesivo
El informe introduce una métrica clave: el gasto per cápita. Mientras que el promedio nacional es de apenas $9.064 por persona para celebraciones, la comuna de Camarones rompe todos los esquemas con un gasto per cápita de $198.915. Con solo 861 habitantes, la municipalidad ejecutó $171.265.549 en eventos.
Huara no se queda atrás, registrando un gasto per cápita de $74.800, cifra que supera excesivamente el promedio nacional. Este municipio ejecutó más de $213 millones en celebraciones para una población de 2.858 personas.
Acciones derivadas: Fiscalización y cuentas
A nivel nacional, el gasto total determinado alcanzó la impresionante suma de $31.034.612.672. Los eventos que más recursos absorbieron fueron el Día Internacional de la Mujer ($4.447 millones) y el Día de las Infancias ($3.682 millones). Un 39% del gasto total se destinó a la producción de actividades, servicios de sonido, catering y baños químicos.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha anunciado medidas drásticas:
- Se dispondrá la fiscalización y el examen de cuentas respecto de los municipios que no hayan dado cumplimiento a la normativa o jurisprudencia vigente.
- Se ponderará especialmente la fiscalización de aquellos municipios que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.
Este informe deja al descubierto la necesidad de una revisión profunda sobre cómo las autoridades locales del norte del país priorizan el uso de los fondos públicos, en un contexto donde las necesidades sociales de la población siguen siendo una tarea pendiente.




