La PDI arrestó a un administrativo del Tercer Tribunal Oral de Santiago en su domicilio mientras realizaba teletrabajo. La Fiscalía de San Bernardo lo formalizará por cohecho y revelación de secretos tras comprobarse que cobraba a una red de narcotráfico a cambio de alertar sobre allanamientos y medidas intrusivas antes de que ocurrieran.
La Policía de Investigaciones (PDI) concretó una importante diligencia que vuelve a poner bajo la lupa la infiltración del crimen organizado en la administración de justicia. Agentes policiales detuvieron a un funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, imputado por vender información altamente confidencial a una peligrosa estructura dedicada al narcotráfico.
El operativo se desplegó a primera hora en su vivienda, lugar desde donde el sospechoso se encontraba cumpliendo funciones bajo la modalidad de teletrabajo al momento de ser arrestado. La intervención incluyó además el allanamiento de su inmueble y la incautación de diversos dispositivos electrónicos para peritajes de rigor.
Alertas pagadas antes de cada procedimiento
El origen de la causa se remonta a una investigación reservada que encabezaba la Fiscalía Local de San Bernardo contra una red de narcotráfico con fuerte presencia en la zona sur de la Región Metropolitana. En medio de las escuchas telefónicas y el seguimiento a los sospechosos, los detectives descubrieron una fuga constante de datos operativos que echaba por tierra varias diligencias.
Las pesquisas, dirigidas por la fiscal Alejandra Vargas, permitieron corroborar la directa intervención del trabajador judicial en el esquema delictivo. Los antecedentes acreditan que el funcionario anticipaba medidas intrusivas, advertía sobre allanamientos antes de que ejecutaran las órdenes y cobraba sumas de dinero por cada dato filtrado.
Pruebas directas en manos de la Fiscalía
La carpeta investigativa cuenta con evidencias contundentes que complican la situación procesal del imputado. Entre el material interceptado existen registros claros de conversaciones entre el propio trabajador del tribunal y los líderes de las bandas narco.
El Ministerio Público le formalizará cargos por los delitos de cohecho y revelación de secretos, solicitando las medidas cautelares de mayor intensidad considerando la gravedad de los hechos y el daño provocado a los procedimientos policiales en curso.
