Los hechos, ocurridos en reuniones familiares en Iquique y sectores cercanos, fueron denunciados tras evidenciarse afectaciones psicológicas en las víctimas, permitiendo a la Fiscalía reunir pruebas suficientes para obtener una condena efectiva contra el acusado.
Un caso que estremeció a la comunidad del norte del país llegó a su fin judicial. La Fiscalía Local de Iquique logró una condena de 8 años de presidio efectivo contra un funcionario de salud de Pozo Almonte, declarado culpable por delitos reiterados de abuso sexual en contra de tres niñas.
El fallo fue dictado por el tribunal oral en lo penal, que dio por acreditada la responsabilidad del acusado en hechos ocurridos en distintos momentos entre 2016 y 2020, todos en contextos de reuniones familiares.
Hechos prolongados en el tiempo: patrón de confianza quebrada
Durante el juicio, la fiscal Camila Albarracín expuso cómo el condenado actuó en reiteradas ocasiones aprovechando la cercanía y confianza dentro de su entorno.
Los antecedentes presentados permitieron establecer que:
- El primer episodio ocurrió en 2016, en una actividad familiar en el sector sur de Iquique, donde una adolescente fue víctima de una conducta de connotación sexual mientras compartía en una piscina.
- En 2020, durante celebraciones de Fiestas Patrias, se registraron nuevos hechos en un domicilio del borde costero, afectando a otras dos menores.
- En uno de los casos, la víctima reveló lo ocurrido de manera inmediata, lo que permitió iniciar el proceso que posteriormente derivó en la investigación penal.
Investigación clave: pruebas psicológicas y científicas
El trabajo investigativo incluyó diligencias instruidas a la Policía de Investigaciones, particularmente a la Brigada de Delitos Sexuales, además de peritajes especializados.
Según detalló la fiscal:
“La prueba presentada permitió acreditar los hechos más allá de toda duda razonable”.
Entre los elementos considerados por el tribunal destacaron:
- Testimonios de las víctimas y sus familias
- Informes de profesionales de salud mental que evidenciaron afectación psicológica
- Pericias del Servicio Médico Legal
Silencio inicial y posterior denuncia
Uno de los aspectos más complejos del caso fue que los hechos no fueron denunciados de inmediato, permaneciendo en el ámbito familiar durante un tiempo.
Sin embargo, cambios emocionales en las víctimas encendieron las alertas, lo que llevó a sus cercanos a acudir a la justicia. Este paso fue clave para activar la investigación y lograr la condena.
Sanciones adicionales: prohibición de por vida
Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso una medida de alto impacto:
- Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos o trabajos que impliquen contacto directo con menores de edad.
Esta sanción busca prevenir nuevos riesgos y proteger a potenciales víctimas en el futuro.
Impacto en la comunidad
El caso ha generado profunda preocupación en la región de Tarapacá, especialmente por tratarse de un profesional vinculado al área de la salud y por la prolongación de los hechos en el tiempo.
Especialistas advierten que este tipo de delitos:
- Suelen ocurrir en entornos de confianza
- Muchas veces tardan en ser denunciados
- Requieren apoyo psicológico prolongado para las víctimas
Lo que deja el caso
Este fallo marca un precedente relevante en la persecución de delitos contra menores en el norte del país, reforzando el rol de la denuncia oportuna y la importancia de la evidencia especializada.
La justicia actuó, pero el caso deja una reflexión de fondo: la necesidad de fortalecer la detección temprana y la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vulnerabilida.
La condena obtenida por la Fiscalía de Iquique no solo cierra un proceso judicial complejo, sino que envía una señal clara: estos delitos no quedarán impunes.
Un caso doloroso que expone una realidad silenciosa, pero que hoy encuentra respuesta en la justicia.
