Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a la necesidad de desarticular asociaciones gremiales en el marco del traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, generaron una inmediata reacción desde las organizaciones de funcionarios de la institución penitenciaria.
El presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), Pablo Jaque Garrido, expresó su desacuerdo con los dichos del secretario de Estado, señalando que estas afirmaciones desconocen el rol que han cumplido los gremios en la defensa de la probidad y en la denuncia de prácticas irregulares al interior del sistema penitenciario.
Desde la organización indicaron que, lejos de obstaculizar los procesos de mejora, los trabajadores han mantenido una relación de colaboración con el Ministerio de Justicia, siendo precisamente los gremios uno de los actores que más firmemente se han manifestado contra la corrupción. En ese sentido, cuestionaron que se intente instalar la idea de que las asociaciones de funcionarios representan un problema para la seguridad pública.
Asimismo, el dirigente sostuvo que las palabras del ministro reflejarían una falta de responsabilidad política frente a las deficiencias estructurales del sistema carcelario, apuntando a que se estaría trasladando la carga del problema a los trabajadores, en lugar de asumir las falencias en los mecanismos de control y supervisión institucional.
Desde AGECH también manifestaron preocupación por el cambio de naturaleza jurídica de Gendarmería, advirtiendo que este proceso podría afectar directamente a los funcionarios que cumplen correctamente sus labores, especialmente en un contexto donde la mayoría del personal actúa con profesionalismo, pese a condiciones complejas y de alta exigencia.
ANUNCIOS DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC ANTE OPERATIVO ANTICORRUPCIÓN A FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA
La reacción gremial se produce tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric de impulsar una reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad Pública, decisión adoptada luego de un mega operativo anticorrupción que reveló graves irregularidades cometidas por un grupo acotado de funcionarios.
Si bien desde el gremio condenaron cualquier hecho de corrupción y respaldaron la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario, insistieron en que no se debe estigmatizar a los trabajadores ni debilitar la organización sindical, especialmente en un proceso de transformación institucional que requiere diálogo, garantías laborales y una mirada integral de seguridad.
El debate abre así un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y las asociaciones de funcionarios, en momentos en que el Ejecutivo busca avanzar en una de las reformas más profundas al sistema penitenciario de las últimas décadas.
