Un grave revés internacional enfrenta el gobierno del presidente Gabriel Boric, tras ser denunciado formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La acción legal, liderada por la abogada Karinna Fernández, acusa al Mandatario de un incumplimiento flagrante de una sentencia que obligaba al Estado de Chile a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por violaciones a los Derechos Humanos en el denominado caso «Vega González y Otros».
La controversia estalló tras conocerse que el jefe de Estado se habría negado a participar personalmente en la ceremonia, cuya fecha límite venció en septiembre de 2025. Según el requerimiento, el Ejecutivo intentó rebajar el perfil del acto sugiriendo que se realice solo con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, lo que para las víctimas no cumple con los estándares de solemnidad y jerarquía exigidos por el tribunal internacional.
En ese sentido, Karinna Fernández, abogada representante de las víctimas, expresó que lamenta la negativa del presidente a participar y ver cómo la agenda «sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros y generales de las Fuerzas Armadas».
El documento presentado ante la Corte IDH es categórico en señalar que la postura de La Moneda, comunicada a solo días de finalizar el mandato presidencial, constituye una falta de coherencia con el discurso oficial en materia de reparación. Las familias afectadas exigen que las disculpas públicas se realicen en el Palacio de Gobierno y con la presencia de la máxima autoridad nacional, tal como ha ocurrido en otros casos de responsabilidad internacional.
Junto con ello, la abogada experta en Derechos Humanos, sostuvo que la propuesta estatal «no satisface los criterios de solemnidad» y que resulta difícil explicar por qué la mayor autoridad genera estos obstáculos en el cierre de procesos prioritarios.
La Corte IDH deberá ahora declarar si el Estado de Chile cayó en desacato respecto al Punto Resolutivo 13 de la sentencia. Para los denunciantes, esta situación empaña el historial de cumplimiento de tratados internacionales por parte del país, dejando a las víctimas del caso Vega González en la incertidumbre tras años de espera por una reparación simbólica que el actual gobierno se habría negado a concretar bajo los estándares de justicia global.
Finalmente, Fernández señaló que esperan que la Corte Interamericana declare el incumplimiento y que exista coherencia con lo que el propio gobierno desarrolló en otros casos similares.
