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GOBIERNO PRESENTÓ EN ARICA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD

En Arica el Presidente Gabriel Boric encabezó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia que preside la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y que reunió a las principales autoridades políticas, judiciales, penales, policiales y del sector público.

Durante la reunión se discutió el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el período 2022-2026, documento que busca dejar atrás los diagnósticos y avanzar en medidas operativas, concretas y urgentes en esta materia.

El nuevo plan, que según explicó el Presidente Boric no sufre una actualización desde el 2004 y propone más de 33 medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.

En tanto en materia administrativa y legislativa, destacan el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación, avanzar en la Reforma a las Policías, reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad, impulsar la Ley de Seguridad Privada y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.

En el ámbito de Prevención del Delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.

Además, se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.

En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.

En materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.

En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.

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