La delegada presidencial, Adriana Tapia, encabezó un masivo procedimiento interinstitucional junto a ministros fe de la justicia local, seremis y policías. Las inspecciones buscaron resguardar el patrimonio ambiental de la zona marítima y ordenar el territorio costero frente a denuncias vecinales.
El borde costero de Iquique volvió a concentrar los esfuerzos de fiscalización en terreno. Durante las últimas horas, un contingente interinstitucional se desplegó a lo largo del sector sur de la capital regional para intervenir puntos críticos, controlar ocupaciones y verificar el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias.
La maniobra estuvo liderada por la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, junto a la jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Antonella Sciaraffia. Ambas autoridades encabezaron la comitiva que recorrió la franja costera para notificar infracciones, fiscalizar la ocupación del suelo y marcar presencia del Estado en una zona con alta carga de uso público.
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El operativo no se limitó a una ronda preventiva de rutina. En el sector convergieron de manera simultánea los seremis de Bienes Nacionales, Noelia Garrido; de Vivienda y Urbanismo, Alonso Velásquez; y de Medio Ambiente, Miguel Aguirre, quienes evaluaron el estado del suelo fiscal y la afectación de los ecosistemas marinos.
A la acción de los gabinetes regionales se sumaron fiscalizadores de la Seremi de Salud e inspectores de la Municipalidad de Iquique, resguardados en todo momento por efectivos de Carabineros de Chile y detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). El foco central estuvo puesto en frenar el deterioro de la costa, desalojar focos de insalubridad y garantizar el libre acceso a las playas de la comuna.
FISCALIZACIÓN PERMANENTE EN LA FRANJA MARÍTIMA DE TARAPACÁ
Desde el Gobierno Regional recalcaron que esta intervención forma parte de una estrategia continua y no de una acción aislada. El objetivo fijado por las autoridades busca sostener controles permanentes en el territorio para devolver la tranquilidad a los vecinos y resguardar el valor patrimonial del borde costero.
Las reparticiones públicas mantendrán el monitoreo en la zona sur durante las próximas semanas, cruzando datos entre los juzgados de policía local y la autoridad marítima para agilizar procesos de notificación o eventuales desalojos.
