El Gobierno anunció que interpondrá una querella por homicidio y asociación criminal tras la emboscada ocurrida en un predio de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en Victoria, Región de La Araucanía. El ataque dejó un trabajador forestal fallecido y otro herido de gravedad.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la acción judicial será ingresada en las próximas horas y no descartó nuevas medidas en el corto plazo. “Tenemos antecedentes por ahora para querellarnos por asociación criminal con homicidio, querella que va a ser interpuesta en las próximas horas”, afirmó la autoridad, agregando que se analiza la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista, dependiendo de los resultados de la investigación.
¿ATAQUE TERRORISTA?
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que aún no está definido si el hecho se configura como un atentado terrorista. Según dijo, uno de los puntos clave es determinar si el objetivo fue sustraer la camioneta de las víctimas o ejecutar un ataque directo como demostración de fuerza.
“Esto lo tenemos que discutir una vez que hayamos reunido elementos de prueba y que tengamos identificadas a las personas para hacer la imputación”, sostuvo Garrido.
El hecho se produjo cuando al menos cuatro individuos armados emboscaron a los guardias de la CMPC. El general Patricio Yáñez, jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía, detalló que los atacantes portaban armamento de puño y un arma larga de diferentes calibres, lo que refuerza la hipótesis de una emboscada planificada.
UN FALLECIDO Y UN HERIDO GRAVE
El ataque dejó un trabajador forestal muerto en el lugar y a su compañero gravemente herido con tres impactos balísticos, quien permanece internado bajo pronóstico reservado.
La situación ha generado preocupación entre los gremios forestales y autoridades locales, que demandan mayor presencia del Estado en la zona y medidas de seguridad más efectivas para prevenir hechos similares.
CONTEXTO DE VIOLENCIA RURAL
La emboscada se suma a una serie de hechos violentos registrados en la Macrozona Sur, donde persisten ataques armados contra predios agrícolas y forestales. La decisión del Ejecutivo de limitar inicialmente la querella al delito de homicidio abre un debate respecto a la calificación jurídica de estos hechos y la pertinencia de aplicar la Ley Antiterrorista.
En los próximos días, se espera que tanto el Ministerio Público como el Gobierno entreguen mayores antecedentes y definan si el caso será investigado bajo la figura de terrorismo, lo que implicaría sanciones más severas para los responsables.
