Las autoridades apuestan por Conaf, el MOP y fondos regionales para crear 50 mil puestos de trabajo a corto plazo, mientras la academia exige una estrategia general y alerta sobre el peso de la informalidad.
El Palacio de La Moneda fue el escenario para el anuncio de un nuevo paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca mover el estancado mercado laboral. Tras una reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo —donde confluyen Economía, Trabajo y Mujer—, las autoridades presentaron un plan de subsidios que aspira a generar más de 50 mil empleos en los próximos meses.
La punta de lanza del anuncio es la disposición de 5 mil subsidios a la contratación, un beneficio de cobertura nacional que ejecutarán a través del Sence. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, detalló que el incentivo estatal cubrirá el 50% del ingreso mínimo por los próximos cuatro meses. Para evitar distorsiones y asegurar que el beneficio llegue a más actores, el gobierno fijará un tope por empresa de no más de 200 contrataciones.
Al abrir el punto de prensa, Mas no dudó en apuntar a la administración anterior para explicar el complejo escenario actual: «Lo que hemos heredado es el resultado de unas malas políticas públicas implementadas en el pasado, que tienen consecuencias hoy». El secretario de Estado remarcó que recibieron una economía en decrecimiento y con un déficit estructural de 3,7%, equivalente a 13 mil millones de dólares.
Articulación regional y ministerios con billetera pesada
Ante el magro resultado del último Imacec, calificado por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, como una «mala noticia para afrontar como gobierno», el comité político busca acelerar la inversión pública. La estrategia no se quedará solo en los subsidios directos. El plan contempla activar programas de mejoramiento urbano y coordinar con carteras de alta capacidad de inversión, como el Ministerio de Obras Públicas, para apurar proyectos que ya tienen financiamiento.
También se acordó meter a la Conaf en la ecuación a través de programas intensivos en mano de obra, apuntando a tareas de reforestación, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de áreas verdes y obras comunitarias menores. En las regiones, el panorama muestra los primeros movimientos; mediante gestiones con la Subdere, los gobiernos de La Araucanía y Coquimbo ya comprometieron recursos para levantar 500 empleos de corto y mediano plazo. Además, las autoridades confirmaron que están revisando el subsidio a zonas extremas (conocido como el 889).
A pesar del despliegue oficial, los analistas económicos reaccionaron con cautela y tildaron el esfuerzo de insuficiente si se contrasta con la realidad de la calle. Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, evaluó la medida como de «escala bastante limitada dada la magnitud del problema», aunque valoró la focalización en jóvenes y mujeres. Villena advirtió que falta afinar la cancha operativa: «Es clave que el empleador pueda verificar al momento de contratar que el nuevo empleado califica efectivamente».
Por su parte, Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae, puso la luz de alerta sobre el volumen real del desempleo en el país, recordando que estamos llegando al millón de desempleados y hay más de 2.5 millones de personas en la informalidad. Para Ruiz de Viñaspre, la salida requiere una discusión parlamentaria urgente sobre los proyectos de Reconstrucción y Sala Cuna, además de desempolvar las 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral.
Desde el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, su director, David Bravo, tildó de valioso que el Ejecutivo busque fórmulas con los escasos recursos fiscales disponibles, pero criticó la política del goteo. A su juicio, la crisis amerita un anuncio único que indique la magnitud real del esfuerzo en lugar de ir entregando medidas aisladas.
El debate que viene: Indemnización ante todo evento
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, aprovechó la instancia para referirse a otra de las cartas que el Ejecutivo mantiene sobre la mesa: la reforma al sistema de indemnizaciones. El secretario de Estado confirmó que están trabajando en una modificación para avanzar hacia una indemnización ante todo evento, lo que ampliaría de forma masiva la base de beneficiarios.
Ante las especulaciones que han levantado las minutas previas de este proyecto, Rau fue tajante en pedir calma a los trabajadores y empleadores, haciendo un llamado explícito a no informarse por noticias falsas en redes sociales y a esperar la propuesta concreta que emanará desde su cartera, la cual se complementará con la búsqueda de apoyo para aprobar su megarreforma.
