Subsecretaría de Pesca asegura que no reingresará el proyecto impulsado en la administración anterior y enfatiza que la prioridad estará en implementar la normativa actual y fortalecer la acuicultura.
El Gobierno definió su hoja de ruta en materia pesquera: no habrá una nueva ley general del sector y se mantendrá sin modificaciones la actual Ley de Fraccionamiento Pesquero. Así lo confirmó el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, quien explicó que la iniciativa presentada durante la administración de Gabriel Boric fue definitivamente descartada por el Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.
La decisión se da en medio de un escenario marcado por la judicialización del fraccionamiento pesquero y la expectativa de los distintos actores del sector, tanto industriales como artesanales.
No habrá nueva ley general de pesca
El subsecretario fue enfático en señalar que el proyecto ingresado al Congreso en enero de 2024 no será retomado.
“No va a haber un nuevo proyecto de ley de pesca. Ese no está en nuestros planes”, afirmó.
Según explicó, una de las principales razones es que parte importante del contenido de esa iniciativa ya fue incorporado en la actual Ley de Fraccionamiento Pesquero. Además, cuestionó el enfoque estructural del proyecto original.
“Era una propuesta refundacional que pretendía reemplazar completamente la legislación vigente, y no creemos que ese sea el camino adecuado”, sostuvo.
La autoridad agregó que la estrategia del Ejecutivo será avanzar mediante ajustes específicos sobre la normativa actual, en lugar de impulsar cambios integrales.
“La ley vigente es perfectible, pero se debe mejorar con modificaciones acotadas y consensuadas”, indicó.
Fraccionamiento pesquero: sin cambios pese a controversias
Respecto a la Ley de Fraccionamiento, el Gobierno reafirmó que no impulsará modificaciones, pese a las acciones judiciales iniciadas por empresas del sector industrial.
Compañías como Blumar, Camanchaca y Landes han presentado demandas contra el Estado, argumentando perjuicios económicos tras la redistribución de cuotas hacia el sector artesanal.
“No hay vuelta atrás en el fraccionamiento. Es una ley de la República y nuestra obligación es implementarla”, subrayó Urrutia.
El subsecretario explicó que la defensa del Estado está en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de enfrentar las demandas, algunas de las cuales alcanzan montos millonarios.
“Estos procesos judiciales serán largos, pero como Subsecretaría hemos entregado todos los antecedentes necesarios para apoyar la defensa”, agregó.
Implementación con desafíos pendientes
Uno de los focos actuales del Ejecutivo está en resolver aspectos aún no definidos en la aplicación de la ley, especialmente en la distribución de cuotas para la pesca artesanal.
“Recibimos una serie de interrogantes sin resolver. Hemos debido avanzar en dar certezas a los actores, particularmente en cómo se asignan los porcentajes”, explicó la autoridad.
En ese contexto, el Gobierno enfatiza que su tarea principal es consolidar la implementación del marco vigente, más que revisarlo.
Acuicultura: eje de crecimiento económico
En paralelo, la administración impulsa medidas orientadas a fortalecer la acuicultura, sector que considera clave para la reactivación económica.
“Buscamos destrabar inversiones y entregar mayor certeza jurídica, con el objetivo de potenciar un sector con alto potencial de crecimiento sustentable”, indicó Urrutia.
La autoridad destacó que, a diferencia de la pesca extractiva —limitada por la disponibilidad de recursos—, la acuicultura ofrece mayores oportunidades de expansión productiva.
Expectativas legislativas
Sobre el avance de las iniciativas en el Congreso, el subsecretario manifestó optimismo, especialmente respecto de las medidas enfocadas en productividad.
“Son propuestas acotadas y razonables, que debieran generar consenso y tener efectos positivos en empleo e inversión”, afirmó.
No obstante, reconoció que el debate legislativo puede presentar complejidades, dado que estas medidas forman parte de un proyecto más amplio.
