El Comité Estratégico de Auditoría detectó 1.529 hallazgos tras revisar el manejo de fondos públicos y derivó antecedentes a la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público antes de entregar el informe final al Presidente José Antonio Kast.
La Inspección Total iniciada tras el cambio de mando del pasado 11 de marzo llegó a su fin y encendió de inmediato las alarmas en Palacio. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal cerró el proceso de revisión sobre la gestión del expresidente Gabriel Boric, confirmando que halló 1.529 irregularidades y debilidades operativas en la administración de los recursos públicos.
El trabajo partió con el rastreo de 26 señales de alerta en distintas reparticiones, lo que obligó a desplegar 360 programas de auditoría interna a nivel nacional. El resultado fue lapidario: el comité recomendó instruir sumarios administrativos en 57 servicios públicos para perseguir responsabilidades individuales directas.
Casos derivados a Fiscalía, el CDE y Contraloría
El análisis no se quedó solo en la revisión de papeles. El equipo detectó nueve áreas críticas con anomalías graves que requerían intervención inmediata fuera del ámbito puramente administrativo. De esa nómina, derivaron siete casos a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público para abrir investigaciones penales.
La subsecretaria General de la Presidencia y lideresa del comité, Constanza Castillo, argumentó que los recursos de todos los chilenos exigen un cuidado riguroso. Castillo remarcó que esta fiscalización sin precedentes busca marcar un punto de inflexión en la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas.
Un desorden estructural en las transferencias de fondos
Más allá de las eventuales faltas individuales, el informe expuso una falla profunda en el engranaje estatal para controlar el dinero que sale hacia terceros. Los auditores advirtieron que existe una incapacidad estructural del Estado para hacer seguimiento a las transferencias públicas y sus posteriores rendiciones.
La información se encuentra atomizada en múltiples sistemas y ministerios, lo que impide tener un registro claro de los saldos pendientes o de los montos no restituidos a tiempo. Con estos antecedentes sobre la mesa, el comité trabaja en la redacción final del documento que llegará directamente al escritorio del Presidente José Antonio Kast para definir los próximos pasos legales y administrativos.
