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GOBERNADOR DE TARAPACÁ EXPONE EN EL SENADO INVERSIÓN HISTÓRICA EN SEGURIDAD Y PIDE UNIFICAR CÁMARAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

El gobernador regional de Tarapacá presentó los avances presupuestarios ante la Comisión de Gobierno y Regionalización. Propuso crear un sistema centralizado de control para el área metropolitana y solicitó acelerar la llegada de más fiscales para la zona.

Una contundente cuenta de la gestión territorial y de los recursos destinados al combate de la delincuencia entregó el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. Durante su intervención por vía telemática, la autoridad expuso el contraste financiero de la región en materia de seguridad, marcando una diferencia sustancial respecto a las administraciones anteriores.

Carvajal detalló que entre los años 2017 y 2020 el Gobierno Regional (GORE) ejecutaba un promedio cercano a los $1.600 millones anuales. En tanto, durante su gestión esa cifra se disparó sobre los $32.000 millones de pesos ejecutados, lo que equivale a invertir en promedio cuatro veces más al año en comparación al ciclo previo.

CÁMARAS DE VIGILANCIA: LA PROPUESTA PARA UNIFICAR IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

Uno de los puntos clave expuestos por el gobernador apuntó a la necesidad de optimizar la tecnología existente en las comunas con mayor densidad poblacional de la provincia. Carvajal expuso las dificultades operativas que se generan cuando las policías deben coordinar procedimientos entre distintas plataformas municipales.

Frente a este escenario, planteó la urgencia de avanzar hacia un control integrado a través del modelo de área metropolitana:

«Lo que queremos hacer es que a través del área metropolitana que fue constituida en nuestra región, queremos contar con un solo sistema central de cámaras. Queremos tener una unidad de control que permita que esté alojada la tecnología de Alto Hospicio y de Iquique», argumentó Carvajal ante la comisión.

El gobernador enfatizó que en estas dos comunas se concentra el 92% de la población regional, por lo que resulta indispensable destrabar los trámites administrativos para que la supervigilancia funcione bajo una sola tecnología.

INVERSIÓN POLICIAL Y REFUERZO A LA FISCALÍA

En el desglose del equipamiento adquirido con fondos regionales, la autoridad regional resaltó la renovación del parque vehicular de las policías por cerca de $6.000 millones de pesos, la compra del helicóptero H-145, tecnología especializada de laboratorio para el OS-9 de Carabineros por más de $4.000 millones y el sistema biométrico ABIS para la Policía de Investigaciones por $2.600 millones.

A la par del equipamiento, Carvajal puso la lupa sobre la persecución penal y los apoyos directos al Ministerio Público. Recordó que el GORE aprobó transferencias por $1.200 millones para la contratación de abogados asistentes y que actualmente hay un nuevo traspaso en carpeta por $1.600 millones adicionales para reforzar la Fiscalía Provincial de Iquique.

Sin embargo, hizo un llamado formal a los senadores para agilizar soluciones de fondo en el marco del fortalecimiento de la fiscalía:

«Me parece que es importante resolver estructuralmente el déficit de fiscales que tiene la región. Me parece que podríamos hacer algunas adecuaciones para que puedan ser adelantados estos procesos y podamos contar con fiscales que le hacen mucha falta a la región de Tarapacá», sostuvo.

PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURA Y NUEVAS DIVISIONES EN EL GORE

El gobernador cerró su intervención planteando iniciativas clave para posicionar a Tarapacá estratégicamente en el norte. Entre ellas, reiteró la necesidad de instalar una Escuela de Formación de Carabineros en la zona y acelerar la Rentabilidad Social para el nuevo cuartel de la Prefectura Policial de la PDI en Iquique, una obra proyectada en $36 mil millones de pesos donde el GORE financiará el 70% de los recursos.

Asimismo, respaldó la creación de divisiones de seguridad dentro de los gobiernos regionales para que los equipos cuenten con profesionales especializados en formular y fiscalizar proyectos preventivos y de apoyo a víctimas, áreas donde actualmente existe una importante brecha técnica en los servicios locales.

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