El tribunal decretó prisión preventiva para ambos acusados tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre su participación en delitos económicos y actos de corrupción que podrían derivar en penas superiores a los 10 años de cárcel efectiva.
Distintos destinos penitenciarios tuvieron el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Mientras el exparlamentario fue trasladado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Domínguez Vallejos quedó recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, decisión que generó cuestionamientos y que posteriormente fue explicada públicamente por Gendarmería de Chile.
A través de una declaración oficial, la institución sostuvo que ambos ingresos se realizaron conforme a criterios técnicos establecidos en la normativa penitenciaria vigente y en cumplimiento directo de las resoluciones emanadas por el tribunal.
“El tribunal competente, conforme a las facultades legales establecidas en el Decreto Ley Nº 2.859 y en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, ordena el ingreso a los citados recintos penales, los cuales condicen con la clasificación y segmentación de los imputados”, indicó Gendarmería en un comunicado consignado por La Tercera.
Clasificación penitenciaria y protocolos de ingreso
Desde la institución penitenciaria detallaron además que ambos imputados fueron sometidos a los protocolos habituales aplicados al momento del ingreso a recintos penales, incluyendo exámenes de salud, procedimientos de segmentación y evaluaciones de clasificación interna.
“Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud”, agregó el organismo.
La diferencia entre los recintos asignados responde precisamente a esos criterios de segmentación penitenciaria. Capitán Yáber, donde quedó recluido Joaquín Lavín León, es un anexo utilizado habitualmente para imputados por delitos económicos, corrupción o causas de alta connotación pública.
En contraste, Santiago 1 corresponde a un centro penitenciario de mayor capacidad y régimen común, donde fue derivado Emiliano Domínguez Vallejos tras la audiencia de formalización.
Fiscalía acusa delitos reiterados y graves
La prisión preventiva de ambos imputados fue decretada por el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, quien acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente al considerar acreditada la existencia de antecedentes suficientes respecto de los delitos investigados y la participación de los acusados.
En el caso del exdiputado Joaquín Lavín León, el Ministerio Público le atribuye delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, ilícitos que habrían sido cometidos entre los años 2015 y 2026.
Respecto de Emiliano Domínguez Vallejos, la fiscalía sostiene que habría participado en delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, delitos tributarios y falsificación de instrumento privado mercantil, en hechos investigados entre 2015 y 2025.
Durante la resolución judicial, el magistrado sostuvo que la gravedad de los delitos y las eventuales penas asociadas justificaban plenamente la cautelar más gravosa contemplada en la legislación chilena.
“La gravedad de las sanciones probables y la reiteración de delitos exceden el presidio mayor en su grado mínimo”, señaló el tribunal.
El juez añadió además que, en caso de una eventual condena, los imputados difícilmente podrían acceder a penas sustitutivas debido a la magnitud de las penas proyectadas.
“La libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad”, concluyó el magistrado en su resolución.
Investigación continúa en desarrollo
La causa impulsada por la Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y eventuales delitos económicos asociados al ejercicio de funciones parlamentarias.
Las diligencias investigativas continúan en curso y no se descarta que la fiscalía pueda ampliar la indagatoria respecto de otros posibles involucrados o nuevas aristas relacionadas con el uso de fondos y redes de influencia.
El caso se ha transformado en una de las investigaciones de mayor impacto político y judicial de las últimas semanas, debido a la naturaleza de los delitos imputados y a la participación de figuras ligadas al ámbito parlamentario y asesorías legislativas.
