La reciente libertad condicional de Mauricio Ortega Ruiz, condenado por homicidio calificado frustrado contra Nabila Rifo, ha puesto en evidencia serias falencias en la protección y acompañamiento legal a las víctimas por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).
La ministra Antonia Orellana criticó que “se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión. Y Nabila no fue oída”, subrayando la ausencia de participación del organismo que debía representarla.
El problema central radica en la destitución de Beatriz Ramírez Díaz, abogada que había acompañado a Nabila desde los primeros días tras el ataque en mayo de 2016. Tras su salida en 2025, la causa no fue traspasada a otro profesional, lo que dejó a Nabila sin asesoría jurídica en la audiencia donde Ortega solicitó su libertad condicional.
Además, el correo institucional de la abogada estaba bloqueado, impidiendo recibir notificaciones esenciales del tribunal.
Según los antecedentes judiciales, el Juzgado de Garantía de Coyhaique notificó la solicitud de libertad condicional únicamente a la cuenta bloqueada de la abogada, sin actualizar los datos de contacto ni asignar un representante alternativo. Esto implicó que Nabila no pudo presentar alegatos ni solicitar audiencia, a pesar de que la ley establece que las víctimas tienen cinco días para ejercer este derecho.
Ortega, conocido en Coyhaique como “Chico”, fue condenado a 18 años de prisión en 2016, tras un ataque que dejó a Nabila ciega. Durante su reclusión, su conducta fue catalogada como intachable por Gendarmería, trabajando de manera remunerada y cumpliendo obligaciones familiares.
Esto permitió que, pese a la gravedad de su delito y la notoriedad del caso, nadie se opusiera a su solicitud de libertad condicional, debido a la ausencia de representación legal de la víctima.
El SernamEG ha reconocido que no actuó porque la causa no fue reasignada tras la destitución de Ramírez, mientras que desde la Corte de Apelaciones de Coyhaique se defiende que la víctima fue notificada mediante cédula, un método que, según los expertos, no garantiza adecuadamente la participación de personas con discapacidad visual.
El caso refleja una falla estructural en el sistema de protección a víctimas, evidenciando que decisiones judiciales críticas pueden avanzar sin escuchar a quienes han sufrido los delitos. Tras la libertad de Ortega, la ministra Orellana anunció que se recurrirán acciones legales, incluyendo recursos de reposición y amparo, con el objetivo de revertir la medida y garantizar la protección de Nabila.
Expertos señalan que esta situación pone en evidencia la necesidad de protocolos claros para la reasignación de causas sensibles, asegurando la continuidad del patrocinio legal de las víctimas y evitando que errores administrativos resulten en decisiones judiciales que afectan gravemente su seguridad y derecho a la justicia.
Fuente: BíoBío
