Un número telefónico con prefijo chileno se ha convertido en el eje de una investigación criminal de alcance internacional. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago otorgó una autorización clave al fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para levantar el secreto de las comunicaciones de una línea vinculada a “Los Negritos de San Vicente”, una peligrosa organización criminal venezolana acusada de terrorismo, extorsión agravada y asociación ilícita en el Estado de Aragua.
El caso que detonó la cooperación entre Chile y Venezuela ocurrió el 30 de septiembre de 2024. Cerca de las 20:00 horas, la banda —liderada por Kenffersso Josué Sevilla Arteaga, apodado «El Fliper»— perpetró un violento ataque contra la empresa «Papeles Luciano», en la ciudad de Maracay. Los delincuentes abrieron fuego con fusiles de guerra contra la fachada y las oficinas, obligando al dueño y a sus trabajadores a buscar refugio desesperadamente bajo ráfagas de balas.
Tras el tiroteo, comenzó la fase de extorsión. Fue en este punto donde la conexión chilena se hizo evidente: el propietario de la firma comenzó a recibir llamadas y mensajes desde la línea telefónica hoy indagada en Chile. A través de WhatsApp y llamadas directas, la banda exigió el pago de 45 mil dólares (aproximadamente 40 millones de pesos chilenos) bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus familiares o bloquear su libertad de comercio.
Ante la negativa de la empresa de ceder al chantaje, la banda cumplió sus amenazas. Integrantes de «Los Negritos de San Vicente» irrumpieron en las instalaciones y prendieron fuego a una camioneta Ford F150. En el sitio del suceso, dejaron panfletos con mensajes escalofriantes: “Vamos por parte, tú decides perderlo todo, estás en nuestro techo”, reafirmando su control territorial y su disposición a destruir la propiedad de quien no pague la «vacuna» (cuota de extorsión).
A raíz de estos hechos, el fiscal Armendáriz solicitó medidas intrusivas para identificar a los responsables que operan o mantienen el servicio telefónico en territorio nacional. El tribunal autorizó oficiar a la empresa Claro para que entregue antecedentes críticos, tales como:
- Celdas de ubicación: Para determinar desde dónde se realizaron las llamadas de extorsión.
- Tráfico de llamadas y mensajes: Detalle de comunicaciones entrantes y salientes, incluyendo mensajes de voz y escritos.
- Datos de WhatsApp: Registros de envíos y recepciones vinculados al ataque del 30 de septiembre.
Esta información es considerada esencial para determinar si existen miembros de la banda residiendo en Chile o si la organización utiliza la infraestructura de telecomunicaciones nacional para blindar su identidad mientras siembra el terror en el extranjero.
Según reportes locales de Venezuela, a esta agrupación se le atribuyen más de 30 ataques armados similares en la región de Aragua.
