El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique dictó sentencia definitiva contra dos exfuncionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio, Rubén Rivera Tudela, exjefe de Administración y Finanzas, y Francisco Lizana Catalán, exdirector de Finanzas, quienes fueron encontrados responsables de malversación de caudales públicos entre los años 2014 y 2016.
Ambos deberán pagar una millonaria multa de $366.580.000, equivalente al doble de lo sustraído, y $183 millones adicionales por concepto de daño emergente, como parte de las medidas civiles determinadas por el tribunal.
Pese a la condena, la pena privativa de libertad de 853 días de presidio menor en grado medio fue remitida, considerando los periodos que ambos permanecieron bajo prisión preventiva y arresto domiciliario total durante la investigación. En consecuencia, los condenados cumplen actualmente libertad vigilada y arraigo nacional, hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.
DETALLES DEL CASO Y MECANISMO DE MALVERSACIÓN
Según la acusación de la Fiscalía, representada por los fiscales Javier Gutiérrez y Virginia Aravena, explicó que los acusados aprovecharon su posición y acceso a las cuentas fiscales de la municipalidad para crear cuentas vista falsas a nombre de trabajadores que ya no prestaban servicios.
A través de estas cuentas, transferían dinero municipal con el falso concepto de pago de sueldos y retiraban los fondos mediante tarjetas asociadas, sin conocimiento ni autorización de los supuestos beneficiarios.
Uno de los casos emblemáticos involucró al extrabajador Germán Díaz Pastén, quien descubrió movimientos irregulares en una cuenta a su nombre que jamás había solicitado. La investigación permitió identificar diez cuentas primas utilizadas para desviar fondos, acumulando un perjuicio superior a $183 millones.
El proceso judicial incluyó un juicio oral extenso, con audiencias realizadas entre agosto y septiembre de 2024, la presentación de numerosos testigos, peritajes, pruebas documentales y bancarias, y la colaboración de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
La defensa de los acusados estuvo a cargo de defensores privados y públicos, mientras que el Consejo de Defensa del Estado representó la acción civil reclamando el pago del daño económico.
ABSOLUCIÓN Y CONSECUENCIAS
La exjefa de personal, Lorena Segovia Marín, fue absuelta de todos los cargos por falta de pruebas que acreditaran su participación en la malversación. Asimismo, la sentencia determinó que la responsabilidad civil recaía únicamente sobre Rivera Tudela y Lizana Catalán, quienes deberán pagar la multa millonaria en 12 cuotas mensuales, quedando pendiente que el tribunal supervise el cumplimiento de estas medidas.
El tribunal también rechazó la excepción de prescripción de la acción penal, considerando que la última transferencia irregular ocurrió en 2016, dentro del plazo legal de 10 años contemplado para este tipo de delitos.
CONTEXTO Y RELEVANCIA
Según el Ministerio Público, este caso representa un precedente en la fiscalización de recursos públicos municipales, demostrando que la malversación, incluso por funcionarios de alto rango, es perseguida y sancionada con rigor.
La combinación de condena penal, pena remitida y multa millonaria busca resguardar la administración de fondos públicos y enviar un mensaje de alerta frente a actos de corrupción en la gestión local.
La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Fuenzalida Jeldes, Juan Pozo Araya y Raúl Baldomino Díaz, y su publicación se realizará en el registro público de sentencias del Poder Judicial, garantizando la transparencia y acceso a la información de la comunidad.
A continuación adjuntamos lectura de sentencia del Poder Judicial:
