ESTE MARTES COMIENZA A SESIONAR COMISIÓN A CARGO DE REVISAR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PRESIDENTE PIÑERA
Durante este martes, distintos expertos expondrán ante la Cámara para dar sus argumentos a favor o en contra del libelo enmarcado en las revelaciones de Pandora Papers. Aquí, lo que tienes que saber sobre el proceso y su avance en el Congreso Nacional.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, un contralor y un amplio listado de expertos y periodistas, los que destaparon este hecho, serán los invitados a la instancia, quienes podrían dar luz verde al informe final para noviembre de este año.
El diputado DC, Gabriel Ascencio, señaló que «los invitados trabajarán los temas de lo que significa comprometer gravemente el honor de la nación y violar el principio de probidad y especialmente lo vinculado con los hechos concretos en que el presidente y su familia primaron sus intereses por sobre el de los chilenos en lo relacionado a la minera dominga».
Cabe recordar que el mandatario fue notificado sobre la acusación en su contra el pasado sábado. Desde allí, corren 10 días para presentar su defensa, es decir, el plazo vencería el jueves 29 de octubre.
En adición a la minera Dominga, se sumó otro escándalo para la familia Piñera-Morel, dándose a conocer el proyecto «minero Imán», ubicado al sur de Vallenar.
A fines de 2010, en el primer periodo de Sebastián Piñera como Presidente de la República, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para adquirir este proyecto.
Finalmente, se pagaron US$ 13 millones poco después que el vendedor, Arnaldo del Campo, fuera nombrado por el Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami, empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.
Según informa Ciper, «los Piñera Morel participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro».
Después de que presente su defensa, la comisión revisora integrada por Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (independiente-RN), tendrá plazo entre el jueves 28 de octubre y el viernes 5 de noviembre para evaluar su respuesta. En ese proceso se resuelve si el informe es admisible o no. En caso de ser admisible, se necesitan 78 diputados que voten a favor del libelo para que pase al Senado.
Si la Acusación Constitucional se rechaza, el presidente continuará en sus funciones, como ya sucedió en diciembre de 2019 (en contexto del estallido social), pero si se aprueba en la Cámara Alta, el mandatario quedaría destituido del cargo.
Cabe recalcar que la declaración de culpabilidad debe obtener los 2/3 de los senadores en ejercicio, debido a que se acusa al presidente de la República, a diferencia de otros funcionarios para los que sólo se precisa la mayoría en ejercicio en la Cámara Alta.
