Durante la citación ordinaria n°22/2026 de Concejo Municipal realizada este 16 de abril de 2026, se vivió una jornada de extrema tensión en la capital regional. La sesión, presidida por el alcalde Mauricio Soria, terminó abruptamente con un receso forzado y el corte de la transmisión oficial tras un violento intercambio de palabras. El conflicto estalló durante el debate sobre la licitación pública para el suministro de bencina, reactivando los cuestionamientos por la falta de transparencia en el gasto municipal.
El origen de la pelea se produjo cuando un grupo de ediles exigió documentación detallada que la administración no ha entregado: patentes, marcas y modelos de los vehículos cargados. La situación escaló rápidamente hasta llegar a los gritos e insultos entre los concejales Néstor Jofré y Rodrigo Oliva. Testigos del hecho aseguran que ambos estuvieron a punto de llegar a los golpes antes de que el alcalde hiciera sonar la campana para suspender la sesión.
ENFRENTAMIENTO VERBAL Y FALTA DE RESPETO
La discusión alcanzó su punto más crítico cuando el concejal Néstor Jofré arremetió duramente contra Rodrigo Oliva, acusándolo de actuar como un escudo de la alcaldía y de entorpecer la labor de sus colegas. Entre gritos e insultos, Jofré cuestionó la postura de Oliva, señalando que su actitud era una constante falta de respeto hacia el resto de los miembros del cuerpo colegiado cada vez que intentan solicitar información clara a la administración.
En relación con ello, el concejal Néstor Jofré expresó que: «Pareciera que eres abogado, déjate de defender al alcalde. Lo único que te estamos pidiendo es que traigamos las cosas como son. Es una falta de respeto la que haces tú acá siempre para todo; se mete cuando habla la Carola Valdés y te metes, se mete el señor Barra y te metes. ¿Qué ganas con defender al alcalde, Oliva? ¿Qué ganas tú?».
ANTECEDENTES: EL CASO DEL «COMBUSTIBLE FANTASMA»
La desconfianza del cuerpo de concejales tiene una base sólida en acciones legales previas. En mayo de 2025, un grupo transversal de ediles presentó una denuncia formal ante la Contraloría Regional contra la administración de Mauricio Soria por presuntas irregularidades graves que superan los 205 millones de pesos.
Esta investigación, denominada como el caso del «combustible fantasma», detectó gastos en vehículos inexistentes, móviles que no pertenecían a la flota municipal e incluso patentes vinculadas a otros servicios públicos. A día de hoy, en abril de 2026, la Contraloría General de la República mantiene el proceso abierto para determinar si existió fraude al fisco o uso irregular de fondos públicos.
El contexto político actual agrava la situación, ya que el alcalde Soria, reelecto en octubre de 2024, enfrenta esta presión fiscalizadora desde el inicio de su nuevo mandato. A esto se suman las críticas por la eficiencia del gasto en otras áreas, como el bacheo de calles, donde se cuestionó la lentitud del proceso pese a una inversión de 400 millones de pesos.
Finalmente, el futuro de la licitación de combustible quedó en la incertidumbre, mientras la sombra de los gastos no justificados sigue sobrevolando la gestión municipal a la espera de un pronunciamiento definitivo del ente contralor.
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