En un golpe contra el fraude inmobiliario, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi Rodríguez y a tres mujeres de su círculo cercano por el delito de estafa reiterada. La investigación apunta a la creación de comités de vivienda ficticios entre los años 2022 y 2023, mediante los cuales se habrían apropiado ilícitamente de 145 millones de pesos aportados por familias que buscaban adquirir propiedades sociales en la región, quedando todos los involucrados sujetos a la medida de arraigo nacional.
Respecto a la operativa del engaño, el imputado habría utilizado su notoriedad pública y redes sociales para captar a las víctimas. Juan Zepeda, Fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, manifestó que Rossi ofrecía asesoría legal como supuesto «abogado» en Facebook para conformar el comité “AKATSUKI”.
En ese sentido el persecutor sostuvo que los afectados pagaron cuotas para trámites administrativos que fueron depositadas en cuentas de su hermana, su pareja y una tercera cómplice, identificadas como Francisca Llanos, Camila Eyzaguirre y Nicole Zerene.
En cuanto al segundo proyecto denominado “Viviendas Sarmenia”, la fiscalía detalló que se captó a más de 120 personas vía WhatsApp para la supuesta compra y subdivisión de terrenos en la costa. El fiscal del caso, aseveró que el imputado solicitó montos de hasta $1.200.000 por persona, citando a las víctimas a notaría para dar una apariencia de legalidad. Sin embargo, tras consultar al Minvu, los afectados descubrieron que el terreno era inhabitable por estar en zona de inundación.
Sobre las diligencias realizadas junto a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, se logró establecer que el dinero nunca fue devuelto ni se destinó a los fines prometidos.
Ante ello el persecutor detalló que: “El día de ayer se formalizó investigación contra imputado Franco Rossi y tres imputados allegados a él por haber ofrecido aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, cuestión más que improbable de realizar para lo cual obtuvieron aproximadamente de ellas 145 millones de pesos que no fueron destinados a cumplir con el sueño ofrecido sino más bien para fines particulares. Se concedió un plazo de investigación de 120 días y respecto de medidas cautelares el tribunal fijó para los cuatro imputados formalizados la de arraigo nacional”.
Finalmente, tras la audiencia de formalización, el Tribunal determinó las restricciones legales para asegurar que los imputados no abandonen el país durante el proceso. La Fiscalía de Iquique concluyó que, además del arraigo nacional para los cuatro formalizados, se fijó un plazo de investigación de 120 días. La justicia busca determinar el destino final de los fondos y la responsabilidad total de los involucrados en este perjuicio patrimonial masivo que afectó la fe pública de la comunidad.
