Un veredicto que promete estremecer el corazón del país y poner en jaque la historia reciente de la gestión municipal: el 3 de febrero de 2026, a las 09:30 horas, se dará inicio al esperado juicio oral contra Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú que pasó del estrellato mediático al centro de una de las investigaciones más complejas de los últimos años.
Hace casi tres años que el caso ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que finalmente presentó una acusación de casi 2 000 páginas donde agrupa todos los cargos en seis hechos clave, describiendo un aparente mosaico de irregularidades que, según el Ministerio Público, convergieron en uno de los fraudes más cuantiosos en la historia municipal chilena.
Un expediente monumental: los seis hechos que configuran la acusación
La Fiscalía no ha escatimado recursos ni pruebas. En su escrito, acusa a Barriga y otras siete personas de haber configurado un sistema enraizado entre 2016 y 2021, con presuntas maniobras que van desde el fraude al Fisco hasta la falsificación de documentos públicos.
- Fraude al Fisco y sobreejecución de gastos
El corazón de la acusación sostiene que Barriga, junto a su equipo, manipuló las cuentas municipales para sobreejecutar el presupuesto comunal sin financiamiento, ocultar obligaciones y crear un déficit al menos de $30.739 millones de pesos, según estimó la Contraloría. - Falsificación de documentos públicos
La Fiscalía afirma que Barriga y otra exfuncionaria entregaron información financiera adulterada, lo que se traduce, según los investigadores, en un intento por encubrir la verdadera situación fiscal. - Compra irregular de bienes con fondos comunales
Entre las acusaciones más llamativas está la instrucción de compras directas y a trato, como la adquisición de más de 1 000 collares de cristal por casi $18 millones, supuestamente para su uso personal sin justificación clara ante el municipio. - Fraude con fondos de la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc)
Según los fiscales, Barriga habría utilizado recursos destinados originalmente a la educación para otros fines, incluyendo compras de kits escolares y peluches, desviando así fondos que debían estar al servicio de estudiantes de la comuna. - Financiamiento personal con fondos municipales
Uno de los capítulos más polémicos es la acusación de que Barriga autorizó el gasto de más de $125 millones en recursos públicos para alimentar y promocionar un programa que ella misma impulsó llamado “Fuerza de Mujer”, cuyo registro de marca quedó a su nombre tras una operación que la Fiscalía califica de beneficio personal. - Contratación irregular y perjuicio fiscal adicional
También se le imputa haber simulado la contratación de una persona, supuestamente para el cuidado de su hijo, mediante pagos que implicaron un perjuicio de casi $10 millones para el municipio, además de usar recursos públicos para gestiones judiciales personales.
La fiscalía va por todo: penas y alcance del proceso
La Fiscalía acusa a Barriga de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, delitos acumulados que, según diversas fuentes, suman una pena pedida que podría superar los 23 años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Este juicio oral será un hito no solo por la magnitud de las imputaciones, sino por la cantidad de pruebas documentales, peritajes, oficios y testigos que se espera presenten en el Tribunal. La Fiscalía ha incluido decenas de nombres en la lista de posibles testigos, entre funcionarios municipales, personas cercanas a Barriga e incluso autoridades como la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, cuyo testimonio podría iluminar cómo se manejaron los recursos públicos durante los años de la gestión de Barriga.
La defensa y la pugna política en el trasfondo
La defensa ha rechazado las imputaciones y asegura que la exalcaldesa es víctima de una persecución política, argumentando que ciertas cifras y acusaciones están infladas o mal calculadas. Incluso miembros de su entorno defienden que no existió déficit, cuestionando la metodología de la Fiscalía.
Además, este proceso judicial ha trascendido el ámbito municipal y ha involucrado a figuras políticas como su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, quien también ha sido mencionado en investigaciones paralelas ligadas a facturación y contratos.
Presión social y repercusiones institucionales
La magnitud del caso ha generado un debate público intenso: por un lado, hay quienes exigen justicia y que se esclarezca si existió un uso indebido de los recursos de la comuna más grande de Chile; por otro, voces que piden garantías de un juicio justo y que no se convierta en un linchamiento político. El proceso, que ya ha visto medidas cautelares como el arresto domiciliario y la mantención de prisión preventiva en momentos distintos, ha sido una montaña rusa judicial que continuará desplegándose en sala de audiencia.
Lo que viene: el juicio que podría cambiarlo todo
A partir del 3 de febrero, lo que era un proceso administrativo y mediático se transformará en un juicio oral con testigos, peritajes y un cúmulo de pruebas que buscarán demostrar, ante un tribunal, si los hechos atribuidos a Cathy Barriga constituyen delitos consumados o si, por el contrario, logra desvirtuar cada imputación. La expectativa nacional es alta, y el desenlace de este caso podría ser un parteaguas en la percepción ciudadana sobre la corrupción municipal y la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder local.
