Diputados de diversos sectores oficiaron a Hacienda y Educación tras conocerse una circular que pone en duda la continuidad de 15 programas clave, incluyendo el desayuno y almuerzo de 2 millones de estudiantes. El Gobierno de José Antonio Kast asegura que se trata de una «revisión habitual» y descarta despidos o recortes en beneficios sensibles.
Una fuerte tormenta política se desató en el Congreso tras la filtración de una circular del Ministerio de Hacienda que sugiere el recorte o descontinuación de diversos programas sociales. El punto más crítico de la controversia recae sobre el Ministerio de Educación (Mineduc), donde al menos 15 programas estarían bajo la lupa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), incluyendo el emblemático Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La reacción de la oposición no se hizo esperar. La diputada Daniela Serrano (PC) calificó la situación como «grave» y anunció la solicitud de una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, además de una citación urgente a la comisión de Educación para que la ministra María Paz Arzola dé explicaciones. Según Serrano, el ajuste afectaría directamente el «desayuno, almuerzo y once de los niños y niñas» del sistema público.
«El ajuste lo pagan los más vulnerables»
En paralelo, el diputado José Montalva (PPD), jefe de la bancada PPD-Independientes, lideró un oficio dirigido a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Educación, solicitando fundamentos técnicos y jurídicos para estas medidas. Montalva advirtió que la eliminación del PAE impactaría a cerca de 2 millones de estudiantes, para quienes estas raciones representan, en muchos casos, su única alimentación diaria asegurada.
“Aquí hay que decir las cosas como son: el ajuste fiscal no es neutro, alguien lo paga. Y hoy el Gobierno pareciera estar decidiendo que lo paguen los niños más vulnerables”, sostuvo enfático el parlamentario.
Por su parte, el diputado Carlos Carvajal alertó sobre un posible «desmantelamiento del sistema educativo», señalando que los recortes también alcanzarían al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, lo que comprometería desde el transporte escolar hasta el pago de sueldos en municipios y servicios locales.
El PPD califica la medida de «cruel»
A través de una declaración pública, el Partido por la Democracia rechazó tajantemente las intenciones del Ejecutivo bajo la consigna «El hambre no es un ajuste». La colectividad acusó al presidente José Antonio Kast de impulsar una decisión política sin justificación técnica, destacando que más del 60% de los programas del Mineduc quedarían sujetos a revisión, afectando áreas críticas como la educación rural, la beca indígena y la reinserción escolar.
La defensa de Hacienda: «Es solo un oficio»
Ante la escalada de críticas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso desde el Palacio de La Moneda para bajarle el perfil a la circular. Según el secretario de Estado, el documento es parte de los procesos rutinarios de corrección de gasto que realiza la Dipres todos los años sobre programas mal evaluados.
“Aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto de ajuste de gasto”, subrayó Quiroz, intentando dar tranquilidad a la opinión pública.
Sin embargo, el ministro fue claro en señalar que, aunque él descarta recortes en alimentación o becas, la palabra final la tiene la cartera sectorial: “Eso lo decide el Mineduc finalmente si lo adopta o no. El Mineduc tiene que decidirlo y todo esto en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay que hacer”.
La incertidumbre persiste en el Congreso, donde los legisladores exigen que se transparenten los informes que respaldan estas recomendaciones de descontinuación, advirtiendo que programas como el de alimentación escolar están protegidos por tratados internacionales suscritos por Chile. La lectura de esta pugna presupuestaria continuará el próximo 30 de abril, cuando se espera que el Ejecutivo entregue mayores detalles ante las comisiones legislativas.
