Tras un mes de diligencias, la policía civil descartó la intervención de terceros en el hallazgo del exconvencional en Melipilla. Las pruebas caligráficas y hallazgos en su domicilio fueron clave para impugnar las versiones de parlamentarios que apuntaron a «grupos de ultraderecha» y «crímenes de odio».
Lo que comenzó el pasado 12 de marzo como una denuncia de extrema gravedad que sacudió el tablero político nacional, ha dado un vuelco definitivo. El informe final de la Policía de Investigaciones (PDI), entregado recientemente al Ministerio Público, concluyó de manera categórica que «no es posible establecer la participación de terceros» en las lesiones y el presunto secuestro que afectó al exconvencional Rodrigo Rojas Vade.
El caso se originó un día después del cambio de mando presidencial, cuando Rojas Vade fue encontrado inconsciente en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 78. El escenario sugería un ataque de ribetes políticos: el exintegrante de la Convención estaba maniatado, presentaba heridas de gravedad y en sus brazos se leían consignas como «Viva Kast» y «No + zurdos».
Las pruebas que desmintieron el ataque
A pesar de la conmoción inicial, la teoría del «autoatentado» cobró fuerza rápidamente debido a una serie de evidencias físicas halladas por los peritos de la policía civil. Los hallazgos que resultaron determinantes para el informe final incluyen:
- Evidencia en su domicilio: En una mochila de su propiedad se encontraron amarras idénticas a las utilizadas para maniatarlo en el sitio del suceso.
- Peritaje caligráfico: Los mensajes escritos en su piel coincidían con la caligrafía de Rojas Vade detectada en carteles antiguos de su autoría.
- El arma del engaño: En el interior de su vehículo se halló un plumón de características similares al utilizado para realizar los rayados en sus brazos.
Con estos antecedentes, la Fiscalía se encamina a poner fin a las diligencias investigativas, desestimando la existencia de un delito perpetrado por organizaciones externas.
El impacto en la oposición y las críticas apresuradas
El informe de la PDI no solo tiene implicancias judiciales, sino que ha servido para impugnar las tesis sostenidas por diversos parlamentarios que, apenas conocidos los hechos, dieron por cierta la participación de grupos de choque.
El diputado Luis Cuello (PC) calificó en su momento el hecho como un «crimen de odio político», mientras que el senador Daniel Núñez (PC) fue más allá, afirmando en sus redes sociales que se trató de un «secuestro planificado por grupos de ultraderecha». Núñez, tras el avance de las pruebas, reconoció días después en CNN Chile haber actuado de forma «un poquito apresurada», admitiendo que en casos vinculados a Rojas Vade —conocido por haber fingido un diagnóstico de cáncer en el pasado— se debe ser «muy cauteloso».
Por su parte, la senadora Fabiola Campillai (IND) también había manifestado su estupor ante lo que calificó como una «atrocidad», exigiendo respuestas claras al Gobierno ante una violencia que, según los resultados de la PDI, nunca fue ejercida por terceros.
Conclusiones del informe
El documento enviado al Ministerio Público cierra una ventana de incertidumbre que duró poco más de 30 días. La resolución no solo aclara el estado de salud y las circunstancias del hallazgo del exconvencional, sino que vuelve a poner en el centro del debate público la credibilidad del exintegrante de la Lista del Pueblo, cuyas acciones han vuelto a generar un fuerte reproche en el espectro político nacional.
