Ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Eduardo Cerna expuso los avances en investigación interna y control de probidad al interior de la PDI, anunciando el alejamiento de más de un centenar de efectivos por faltas disciplinarias o pérdida de confianza y proponiendo una ley para fiscalizar el patrimonio de todo el personal operativo.
La PDI decidió destapar la olla frente a los parlamentarios y poner números sobre la mesa. Entre 2024 y lo que va de 2026, la institución decretó la salida de 116 funcionarios por faltas a la disciplina, delitos o pérdida de confianza.
«Estamos dolidos. Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país están siendo investigadas por delitos graves», confesó sin rodeos el director general Eduardo Cerna.
El jefe policial fue enfático en separar a las manzanas podridas del resto de la dotación. Sostuvo que quienes caen en redes ilícitas «no representan a la PDI» y que el peso de la ley debe caer con fuerza sobre ellos, llamando a no manchar el trabajo de los más de 13 mil efectivos que integran las filas detectivescas en el país.
La batería antipropaganda: Compliance y brigadas de lavado en regiones
Para evitar que el crimen organizado perfile o compre agentes, la PDI desplegó un paquete de medidas administrativas y preventivas. Entre los hitos destacados figura la creación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todo el territorio nacional y un Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
Con estas iniciativas, la PDI se convirtió en la primera policía de América en aplicar un sistema de compliance policial sin que exista una obligación legal previa.
A esto sumaron test aleatorios de drogas en las unidades, un Código de Integridad renovado, canalizaciones anónimas de denuncias y un control reforzado sobre las declaraciones de intereses para el personal que maneja compras o investigaciones complejas.
Reclamos ciudadanos en alza pero baja incidencia en corrupción directa
Durante la exposición, la jefatura policial expuso el registro de denuncias ciudadanas recibidas mediante la plataforma virtual OIRS. Los datos muestran un incremento paulatino en las alertas por falta de probidad, subiendo de 59 casos en 2024 a 133 en 2025 y alcanzando 155 en los meses transcurridos de 2026.
Pese al aumento en las alertas sobre conducta, los casos catalogados directamente como corrupción se mantuvieron en niveles mínimos: tres en 2024, dos en 2025 y tres en 2026.
Cerna explicó que la estructura de control interna opera en cadena. Desde la Inspectoría General y la Brigada Investigadora Anticorrupción hasta Asuntos Internos, la meta es cercar cualquier maniobra sospechosa antes de que interfiera en los tribunales o filtre información a bandas criminales.
Propuesta a los diputados: levantar el secreto patrimonial y cruces bancarios
El punto más alto de la exposición llegó al momento de hacer propuestas legislativas. Cerna planteó modificar la Ley 20.880 para extender la obligación de declarar patrimonio e intereses a todos los policías que cumplan labores operativas, de inteligencia, fiscalización o custodia de evidencias.
La idea busca que las autoridades puedan revisar el dinero de los policías mediante cruces electrónicos con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y los Conservadores de Bienes Raíces.
El proyecto sugerido por la PDI considera exigir estas declaraciones de patrimonio al ingresar a la institución, cada año, al asumir un puesto sensible, al ascender y al momento de colgar la placa. «Seremos implacables con quienes se aparten de la ley», remató la autoridad en el Congreso.
