El imputado de 25 años, quien cuenta con un amplio prontuario por diversos delitos contra la propiedad, interceptó a la víctima en un semáforo junto a otros tres delincuentes. Tras un violento forcejeo, le arrebataron una cartera con más de 100 mil pesos destinados a un depósito bancario. El análisis de cámaras de seguridad de la Zona Franca por parte de la BIRO de la PDI fue clave para su captura.
Un violento episodio delictual que afectó a una trabajadora en pleno barrio industrial de la comuna movilizó una rápida respuesta de las instituciones de justicia penal. La Fiscalía Local de Iquique obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para un peligroso delincuente chileno de 25 años, imputado formalmente como autor del delito de robo con violencia perpetrado a plena luz del día en las inmediaciones de la Zona Franca de Iquique (Zofri).
Durante la audiencia de formalización de la investigación, la abogada asistente de la Fiscalía, Kelly Pérez, expuso detalladamente ante el Tribunal de Garantía la orgánica y el modus operandi utilizado por la banda criminal. De acuerdo con el relato fiscal, los hechos se registraron el pasado 17 de junio, aproximadamente a las 12:50 horas, momento en que el imputado, en compañía de otros tres sujetos cuya identidad aún se mantiene bajo reserva, comenzó un exhaustivo seguimiento motorizado a la víctima, quien se movilizaba en su automóvil particular con el objetivo de depositar más de 100 mil pesos de la recaudación de la empresa para la cual presta servicios.
Emboscada en el semáforo y agresión a la víctima
El plan delictual se ejecutó con precisión temporal en la intersección de las calles Las Cabras y Centenario. Aprovechando que la trabajadora se encontraba completamente detenida ante la luz roja de un semáforo, el vehículo conducido por el imputado realizó una brusca maniobra de encierro, cruzándose por delante del automóvil de la afectada para bloquearle por completo cualquier vía de escape o retroceso.
En cuestión de segundos, los cuatro delincuentes descendieron en masa de la estructura, rodearon la cabina de la víctima y forzaron violentamente la apertura de las puertas y ventanillas. En ese instante se inició un tenso forcejeo en el habitáculo. Los antisociales golpearon repetidamente a la mujer en sus extremidades superiores con el único fin de doblegar su resistencia, logrando finalmente sustraerle su cartera, la cual contenía el dinero en efectivo de la empresa, además de toda su documentación personal y claves bancarias. Producto del ataque físico, la afectada resultó con lesiones de carácter leve, consistentes en hematomas y rasguños en ambos brazos.
El desglose de la captura: Inteligencia policial y cámaras de seguridad
Tras recibir la denuncia correspondiente, el Ministerio Público derivó de forma inmediata las órdenes de investigar a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI). El trabajo científico-técnico en el sitio del suceso resultó crucial: los detectives civiles realizaron un minucioso análisis de los registros de las cámaras de seguridad de la administración de Zofri y de los dispositivos de vigilancia urbana colindantes.
Este peritaje fílmico permitió establecer con absoluta nitidez las placas patentes y las características de los automóviles utilizados en la encerrona. Gracias a esta flagrancia diferida, el mismo día del asalto la PDI logró ubicar e interceptar el vehículo sospechoso, deteniendo al imputado mientras conducía el mismo móvil empleado para la comisión del atraco en el sector norte de la ciudad.
Amplio prontuario penal y peligro para la sociedad
Al momento de debatir las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la máxima restricción de libertad argumentando que la seguridad comunal se encuentra bajo serio riesgo. Para fundar dicha petición, el Ministerio Público exhibió el extracto de filiación del imputado, el cual registra condenas previas vigentes por los delitos de robo en lugar no habitado, receptación de vehículo motorizado y robo por sorpresa.
Con estos categóricos antecedentes sobre la mesa, el Tribunal de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva del imputado de 25 años, coincidiendo en que su libertad constituye un peligro latente para la seguridad de la sociedad. Finalmente, la judicatura fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes, período en el cual la policía civil continuará los rastreos técnicos con el propósito de identificar, localizar y capturar al resto de los integrantes de la banda que participaron en este violento asalto.
