En medio de la discusión legislativa sobre la tipificación del ingreso irregular como delito, la senadora por la Región de Tarapacá, Danisa Astudillo, manifestó su firme rechazo a la iniciativa. La parlamentaria argumentó que la medida no ofrece una solución real a la crisis y advirtió que el proyecto carece de operatividad, calificándolo como una propuesta diseñada para el aplauso mediático por sobre la eficiencia técnica.
Es así como la senadora Danisa Astudillo subrayó que, desde su experiencia en la zona norte, la criminalización del cruce fronterizo no afecta a las bandas organizadas, sino que golpea a los sectores más vulnerables que escapan de la precariedad. Para la legisladora, el enfoque de la ley es errado y no apunta a la verdadera raíz del problema de seguridad que afecta a zonas como Iquique y Alto Hospicio.
Al respecto, la senadora por Tarapacá expresó que «este proyecto tiene más de titular que entregue solución. Es una ley diseñada para el aplauso y no para funcionar. Represento a Tarapacá y no hablo de esto desde una oficina; estamos hablando de privar de libertad a personas cuyo único delito es ser pobres y haber cruzado una frontera».
CRIMINALIDAD Y SATURACIÓN JUDICIAL
La parlamentaria enfatizó que los líderes de organizaciones criminales peligrosas, como el Tren de Aragua, no utilizan pasos no habilitados para ingresar al país. Como ejemplo, mencionó que figuras como «El Estrella» y «El Bobby» entraron a Chile con visas de turista y documentos en regla, por lo que esta nueva ley no habría tenido impacto alguno sobre ellos.
Sobre el impacto en el sistema de justicia Danisa Astudillo, manifestó que «lo que sí lograría este proyecto es saturar con miles de causas al Ministerio Público. Los mismos fiscales que hoy persiguen al Tren de Aragua, van a tener que destinar tiempo y recursos a procesar ingresos irregulares».
Finalmente, la senadora recordó la advertencia de la Corte Suprema sobre el alto costo financiero que implicaría esta medida para el Poder Judicial. Según su intervención, en un contexto de restricciones presupuestarias, destinar fondos a procesar migrantes por su situación administrativa es un «lujo» que el país no puede costear, afectando la persecución de delitos de mayor gravedad en la región.
