El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó sentencia condenatoria con penas de presidio efectivo contra cuatro personas involucradas en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes, investigación en la que la sede Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como parte querellante.
De acuerdo con lo establecido en el juicio, los acusados —A.A.P., L.A.T.R., M.A.P. y J.S.Z.S.— integraban una red que, durante al menos el año 2023, captaba mujeres en la localidad de Riberalta (Bolivia) bajo falsas promesas de trabajo como camareras, para luego trasladarlas clandestinamente a Chile a través de pasos no habilitados. Entre las víctimas se encontraba una adolescente menor de 18 años.
La investigación judicial acreditó que las víctimas eran engañadas y sometidas a control económico y coerción. Los condenados financiaban su traslado y alojamiento inicial, imponiendo posteriormente deudas abusivas que las mujeres debían pagar mediante trabajos forzados en condiciones de explotación. En algunos casos, incluso se les retuvieron sus documentos de identidad.
En fallo unánime, el tribunal impuso penas que van desde 10 hasta 12 años de cárcel efectiva.
- L.A.T.R. recibió una condena total de 12 años: dos por trata de personas adultas, seis por trata de una menor de edad y cuatro por tráfico ilícito de migrantes.
- A.A.P., M.A.P. y J.S.Z.S. fueron condenados a 10 años de presidio efectivo, por su participación en los mismos delitos respecto de siete víctimas.
Desde el INDH Tarapacá, la abogada Javiera Saavedra valoró la resolución judicial y subrayó la relevancia de la condena. “Esta sentencia visibiliza una grave vulneración a los derechos humanos de mujeres y adolescentes migrantes, y reafirma el deber del Estado de investigar, sancionar y erradicar toda forma de explotación sexual y trata de personas”, afirmó.
El Instituto reiteró su compromiso con la defensa de las víctimas de violencia y explotación y anunció que continuará impulsando acciones judiciales y preventivas frente a la trata de personas, especialmente en zonas de frontera donde la vulnerabilidad de las mujeres migrantes las expone a mayores riesgos de abuso y coerción.
Con este fallo, la justicia chilena reafirma la aplicación efectiva de las normas internacionales sobre derechos humanos y lucha contra la trata, marcando un precedente relevante en la protección de mujeres migrantes y en el combate a las redes de explotación en el norte del país.
