CRISIS DE SEGURIDAD EN ECUADOR: GOBIERNO ACTIVA ESTADO DE EXCEPCIÓN ANTE ESCALADA DE VIOLENCIA NARCO
El Gobierno de Ecuador decretó estado de excepción en nueve provincias del país frente al drástico aumento de homicidios registrado durante 2025, una crisis que ha llevado al país a cerrar el año con las cifras de violencia más altas de su historia reciente.
La medida fue anunciada el 31 de diciembre por el presidente Daniel Noboa, quien justificó la decisión por la existencia de una grave conmoción interna, atribuida principalmente a la expansión y enfrentamientos de bandas vinculadas al narcotráfico. El decreto tendrá una duración inicial de 60 días.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron más de 8.300 homicidios, superando ampliamente los registros de 2023, año que ya había marcado un máximo histórico en violencia. Proyecciones del Observatorio del Crimen Organizado indican que la tasa de muertes violentas podría cerrar el año en 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando a Ecuador como el país más violento de América Latina.
El estado de excepción rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, además de Pichincha y Sucumbíos, así como en sectores específicos de Cotopaxi y Bolívar. Según el decreto, solo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre se registraron más de 1.200 asesinatos en estas zonas, concentrándose la mayor parte en la provincia de Guayas.
Con esta medida, las fuerzas de seguridad quedan facultadas para realizar allanamientos inmediatos y operativos especiales cuando existan antecedentes sobre la presencia de grupos armados organizados, armas, explosivos o sustancias ilícitas.
El país atraviesa una guerra abierta contra organizaciones criminales que mantienen vínculos con carteles internacionales y disputan el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas. La ubicación geográfica de Ecuador, clave para la salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, ha intensificado la presión del crimen organizado y elevado los niveles de violencia en los últimos años.
El Ejecutivo sostiene que el estado de excepción busca restablecer el orden y reforzar el control territorial, mientras continúa el despliegue de fuerzas policiales y militares en las zonas más afectadas por la violencia.
