El tribunal de alzada ratificó la legalidad de las cobranzas coactivas impulsadas por la TGR en la Región de Tarapacá. El fallo se alinea con los criterios de la Corte Suprema y de Arica, en medio de la ofensiva de cobros que ya ha recuperado más de $37 mil millones.
Un panorama judicial adverso enfrentan los profesionales y estudiantes morosos de la educación superior en el norte del país. La Corte de Apelaciones de Iquique declaró inadmisibles el 100% de los 19 recursos de protección interpuestos por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), ratificando de manera categórica la legalidad de las cobranzas coactivas llevadas a cabo por la Tesorería General de la República (TGR).
De acuerdo con los antecedentes del Poder Judicial, estas acciones legales fueron ingresadas en masa entre los meses de abril y mayo del presente año. Los recurrentes acudieron al tribunal de alzada tarapaqueño buscando frenar el inicio de cobros del CAE y las consecuentes notificaciones de mandamiento de ejecución y embargo aplicadas por la institución financiera estatal para asegurar el pago de las deudas estudiantiles.
El argumento de la Corte: La vía judicial incorrecta
A pesar de los argumentos de los afectados, los ministros de la Primera Sala del tribunal iquiqueño desestimaron las acciones cautelares. En sus fallos, la Corte determinó que “los hechos que sustentan el recurso sobrepasan los márgenes de la acción cautelar interpuesta”, argumentando que las reclamaciones corresponden a materias de derecho estricto que deben ser conocidas y resueltas en los tribunales ordinarios o las sedes administrativas correspondientes.
“Encontrándose actualmente sometidos a conocimiento del Juez Sustanciador Tesorero, no siendo ésta, en consecuencia, la vía idónea para obtener la pretensión que indica en el petitorio de su presentación”, dictaminó de forma unánime el tribunal de alzada, estableciendo que la TGR no ha incurrido en actos arbitrarios o ilegales al ejercer sus facultades de cobranza.
Esta contundente respuesta jurídica en Tarapacá no es un hecho aislado. Los 19 fallos dictados en Iquique se suman a las decisiones recientes adoptadas por la Corte de Apelaciones de Arica y a la robusta jurisprudencia de la Corte Suprema, que ya ha declarado inadmisibles más de 450 recursos de protección a nivel nacional bajo esta misma materia.
La ofensiva fiscal y la defensa de los deudores
La intensa disputa en los tribunales se enmarca en una agresiva estrategia de recaudación activa. El proceso de cobranza y la retención de fondos e inmuebles por parte de la Tesorería se intensificó con fuerza luego de que el presidente José Antonio Kast asumiera el cargo. Hasta la fecha, el balance más reciente de estas operaciones de cobranza coactiva indica que el fisco ha logrado recuperar más de $37 mil millones a nivel país a través de estos mecanismos ejecutivos.
En la contra PARTE, las defensas de los deudores del CAE en Tarapacá basaron sus recursos fallidos acusando una presunta “ilegalidad del actuar” de la TGR. En los libelos ingresados —como uno fechado el pasado 13 de abril— los reclamantes sostenían que «la naturaleza jurídica del CAE excluye su cobro por la vía tributaria», argumentando que al tratarse de un crédito educacional de fuente contractual y civil regido por una ley especial, aplicar procedimientos de embargo exprés importaba una extensión analógica de potestades públicas prohibida en el Estado de Derecho.
Con este revés en la Corte de Iquique, que se negó a dejar sin efecto los mandamientos de ejecución y a suspender los embargos, los deudores de la región se quedan sin su principal herramienta constitucional de emergencia, abriendo paso definitivo a los remates y retenciones de la Tesorería en el norte grande.
