La Contraloría General de la República emitió un dictamen que rechaza un instructivo del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) sobre la residencia temporal de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. El organismo concluyó que el Sermig no cuenta con la facultad para establecer mecanismos de regularización migratoria, ya que esta competencia recae en la Subsecretaría del Interior. La medida fue impugnada por la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, y el exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio.
El requerimiento presentado en noviembre de 2023, cuestionaba la legalidad del trámite de ratificación de residencia temporal impulsado por el Sermig. La Contraloría determinó que dicha medida no cumple con los requisitos legales y que el Servicio debe limitarse a ejecutar las decisiones y políticas establecidas por la Subsecretaría del Interior. Además, el organismo fiscalizador le dio un plazo de 30 días al Sermig para adecuar sus procedimientos conforme a la normativa vigente.
La senadora Luz Ebensperger criticó duramente la actuación del Ejecutivo, afirmando que “intenta pasar por sobre la voluntad del Congreso y adoptar medidas contrarias a la ley para regularizar a quienes están en situación irregular en nuestro país”. Según la parlamentaria, esto no es solo un problema ideológico, sino un esfuerzo consciente por ignorar las normas establecidas, lo cual, en su opinión, “erosiona el Estado de derecho y socava la confianza en las instituciones”.
Por su parte, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, también expresó su preocupación, señalando que las políticas actuales favorecen a las personas en situación migratoria irregular, lo que incentiva ingresos clandestinos al país. “El crimen organizado y el aumento de extranjeros en las cárceles son un claro reflejo de la falta de control. Consideramos que la actual administración ha puesto en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes cumplen con las reglas”, sostuvo Bellolio.
El fallo de la Contraloría refuerza la importancia de que las políticas migratorias se ajusten a la normativa vigente y no excedan las competencias de las instituciones involucradas. En ese sentido, el Sermig deberá informar en el plazo estipulado las medidas adoptadas para corregir los procedimientos cuestionados.
