El órgano fiscalizador resolvió que la exsecretaria de Estado actuó al margen de la ley tras solicitar fichas detalladas de detectives que investigaban una causa penal vigente en Tarapacá. El dictamen además advierte un evidente conflicto de interés y el incumplimiento del deber de abstención.
Un duro revés institucional recibió la exministra de Seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert. De acuerdo con información exclusiva de Radio Bío Bío, la Contraloría General de la República concluyó que la exautoridad actuó de manera ilegal y se extralimitó en sus funciones al requerir información altamente sensible y detallada a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre personal institucional.
Los hechos se remontan a marzo de este año, a escasos días de la instalación del gabinete. Un documento oficial fechado el 13 de marzo —a menos de 48 horas de haber asumido el cargo— revela que Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna. En dicha comunicación, la entonces ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen” en la Región de Tarapacá, una indagatoria de alta complejidad que se encontraba plenamente activa.
La gravedad de la solicitud motivó que los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla presentaran requerimientos ante el ente contralor para evaluar la legalidad del procedimiento, el cual gatilló semanas después la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, instalando sospechas públicas sobre una presunta «pasada de cuenta» de índole personal.
Datos excesivos que vulneraban investigaciones penales
La Contraloría fue tajante al desmenuzar el tipo de requerimiento que emanó desde la oficina de la exsecretaria de Estado. Entre la información exigida por Steinert figuraban los nombres completos, RUT, grados y destinos actuales de los detectives de Tarapacá, sumado a un exhaustivo reporte de eventuales antecedentes disciplinarios, sumarios internos y denuncias penales vigentes en su contra.
El dictamen del organismo fiscalizador estableció de manera unánime que este nivel de detalle excedía con creces las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad. El texto normativo es claro en señalar que este tipo de solicitudes ministeriales deben tener como único fin planificar, diseñar, monitorear o evaluar políticas públicas de seguridad ciudadana.
“No se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial”, fustigó el ente de control en su resolución.
A renglón seguido, el dictamen recordó un blindaje legal clave: la legislación prohíbe de forma expresa solicitar información cuya divulgación pueda interferir o afectar el éxito de una investigación penal en desarrollo, riesgo latente que se configuraba con la orden firmada por la exministra.
Conflicto de interés en el norte: El pasado como Fiscal Regional
El dictamen de la Contraloría General de la República no solo desnudó una falta de competencia legal, sino también un severo problema ético y administrativo. Uno de los flancos más complejos de la resolución apunta a que los requerimientos de información pesaban de forma directa sobre una brigada policial que había trabajado estrechamente con Steinert durante su anterior desempeño como Fiscal Regional de Tarapacá.
Por este motivo, el órgano de control recalcó que la exministra tenía la obligación legal de restar participación en esta materia. La resolución dictaminó de forma categórica que la exautoridad debió observar estrictamente el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés derivado de su estrecha relación laboral previa con las jefaturas y subalternos de dicha zona.
Sin aristas penales sobre la remoción de personal
A modo de cierre, la resolución concluyó que la polémica actuación desplegada por la otrora jefa de la seguridad pública nacional “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
Pese al duro reproche político y administrativo por actuar al margen del marco legal, el dictamen de Contraloría no atribuyó responsabilidades de carácter penal a la exministra Steinert. De igual modo, el ente regulador descartó anomalías en la desvinculación de la prefecta general de la PDI asociada al caso, determinando que dicha salida institucional se encontró completamente ajustada a derecho.
