La revisión incluyó más de 74 mil importaciones, 8 mil exportaciones y más de 4.500 incautaciones, detectando inconsistencias en registros, fallas de trazabilidad y ausencia de controles robustos en procesos considerados críticos para la fiscalización fronteriza.
Una extensa auditoría realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá dejó al descubierto una serie de deficiencias administrativas, operativas y de control interno al interior de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, evidenciando vulnerabilidades en procesos de fiscalización de mercancías, manejo de incautaciones, uso de equipos scanner y supervisión de funcionarios.
El análisis, contenido en el Informe Final N°16 de 2026 emitido el pasado 30 de abril por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Tarapacá, revisó procedimientos ejecutados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025, además de incorporar antecedentes estadísticos sobre incautaciones efectuadas desde 2020 hasta junio de 2025.
La auditoría incluyó la revisión de más de 74 mil operaciones de importación, más de 8 mil exportaciones, fiscalizaciones asociadas a 1.099 declaraciones de ingreso (DIN), 3.762 documentos únicos de salida (DUS), además de 4.522 procedimientos vinculados a mercancías incautadas.
Contraloría advierte ausencia de mecanismos para prevenir conflictos de interés
Uno de los puntos más sensibles observados por el organismo contralor corresponde a la inexistencia de procedimientos formales destinados a detectar eventuales conflictos de interés entre funcionarios aduaneros y actores vinculados al comercio exterior.
Según el informe, Aduanas de Iquique no mantenía herramientas preventivas ni protocolos internos orientados a identificar posibles vínculos entre fiscalizadores, agentes de aduana, importadores o exportadores, situación que —de acuerdo con Contraloría— incrementa riesgos asociados a faltas a la probidad administrativa.
La auditoría advirtió que esta ausencia de controles preventivos podría afectar la transparencia y objetividad de los procesos de fiscalización realizados en puntos estratégicos de la región.
Débil supervisión sobre fiscalizadores y advertencia por riesgos de colusión
Otro de los aspectos observados corresponde a la falta de monitoreo sobre funcionarios encargados de labores fiscalizadoras.
El informe señala que no existían mecanismos robustos de supervisión respecto de turnos, desempeño, asignaciones o comisiones de servicio, generando escenarios de riesgo relacionados con eventuales negligencias o actos de colusión.
En este contexto, Contraloría menciona antecedentes vinculados a un funcionario que habría sido relacionado previamente con una red de contrabando de cigarrillos detectada en la avanzada fronteriza de El Loa, situación que reforzó las alertas respecto de la necesidad de fortalecer los controles internos.
Errores e inconsistencias en registros aduaneros
La revisión también detectó importantes inconsistencias en distintos sistemas informáticos utilizados para registrar procedimientos aduaneros y denuncias.
Entre las observaciones figuran registros incompletos, ingresos tardíos de información, denuncias no incorporadas y falta de uniformidad entre plataformas como DIN, DUS y DECARE, afectando la trazabilidad y confiabilidad de los datos institucionales.
De acuerdo con el informe, estas deficiencias dificultan el seguimiento adecuado de procedimientos fiscalizadores y podrían impactar la correcta administración de antecedentes asociados al comercio exterior.
Contraloría detectó fallas en control de multas
La auditoría además evidenció problemas en el manejo y verificación de multas aplicadas en distintos procedimientos de fiscalización.
Según se detalla, se detectaron al menos 18 registros que contenían información cruzada o mezclada entre procesos distintos, situación que impidió comprobar correctamente si las sanciones económicas habían sido efectivamente pagadas ante la Tesorería General de la República.
El organismo contralor advirtió que estas inconsistencias afectan la integridad y confiabilidad de los procesos de control institucional.
Nueve funcionarios incumplieron obligación de declarar patrimonio e intereses
Otro de los hallazgos incluidos en el informe apunta al incumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley de Probidad.
Contraloría constató que nueve funcionarios fiscalizadores no presentaron sus respectivas Declaraciones de Intereses y Patrimonio durante los años 2024 y 2025, pese a tratarse de una obligación legal asociada al ejercicio de funciones públicas.
El organismo instruyó regularizar esta situación y acreditar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Falencias en trazabilidad de mercancías decomisadas
En materia de incautaciones, la auditoría concluyó que Aduanas de Iquique no disponía de un sistema centralizado ni estandarizado para controlar el seguimiento de mercancías decomisadas.
La revisión detectó que distintas unidades trabajaban con planillas Excel no uniformes y sin criterios homologados, dificultando conocer con precisión el estado, ubicación y trazabilidad de especies retenidas.
Las únicas excepciones observadas correspondían a procedimientos relacionados con drogas y vulneraciones a la propiedad intelectual, donde sí existían controles más estructurados.
Escáneres no estuvieron operativos de manera permanente en puntos estratégicos
El informe también abordó las limitaciones existentes en materia tecnológica y de equipamiento.
Contraloría estableció que durante parte del período auditado la Dirección Regional de Aduanas de Iquique no contó de manera permanente con escáneres de gran capacidad en puntos considerados críticos para el control fronterizo y aduanero.
Entre ellos figuran el puerto de Iquique, la Zona Franca y la avanzada de El Loa.
La situación, según el organismo fiscalizador, redujo la capacidad institucional para detectar oportunamente posibles casos de contrabando, tráfico ilícito de mercancías y transporte de drogas.
Observaciones alcanzan procesos de aforo en destino
La auditoría además detectó debilidades en el control de aforos realizados en destino.
Según se indicó, el sistema DIN no permitía verificar adecuadamente si ciertos procedimientos habían sido previamente autorizados, generando riesgos asociados a la fiscalización de cargas y mercancías ingresadas al país.
Contraloría advirtió que estas limitaciones afectan la trazabilidad y validación de procedimientos considerados clave para el control aduanero.
Contraloría dio 60 días hábiles para corregir irregularidades
Frente a las observaciones formuladas, el organismo contralor instruyó a la Dirección Regional de Aduanas de Iquique adoptar una serie de medidas correctivas y acreditar avances en un plazo de 60 días hábiles.
Entre las acciones exigidas figuran:
- Regularizar las Declaraciones de Intereses y Patrimonio pendientes.
- Fortalecer mecanismos de supervisión y monitoreo sobre funcionarios fiscalizadores.
- Mejorar los sistemas de trazabilidad y registro de mercancías incautadas.
- Implementar matrices de riesgo en procesos críticos.
- Corregir inconsistencias detectadas en plataformas institucionales.
- Acreditar el estado de pago de multas observadas durante la auditoría.
El informe concluye que las falencias detectadas evidencian debilidades relevantes en los sistemas de control interno de la institución, especialmente considerando que la región de Tarapacá concentra operaciones estratégicas vinculadas al comercio exterior, tránsito de mercancías y fiscalización fronteriza.
