Un escenario de alta vulnerabilidad en el límite norte del país quedó al descubierto tras un extenso informe final de la Contraloría General de la República, difundido por el medio Ex-Ante. La auditoría revela que el control migratorio en Colchane presenta deficiencias estructurales críticas, destacando que el denominado «paso ancestral», utilizado habitualmente por comunidades para el abastecimiento, se encuentra delimitado únicamente por una malla de gallinero en estado precario, lo que facilita el acceso irregular de personas y el tráfico de mercancías ilícitas a plena luz del día.
En relación con ello, Dorothy Pérez, contralora general, señaló que «durante la visita inspectora se constató que en el denominado ‘Paso Ancestral’ transitan personas adultas y niños sin mayores controles». La autoridad precisó que la estructura metálica observada es «precaria, no representa un impedimento real para el desplazamiento y cruce fronterizo, pudiendo ser superada fácilmente, pues se encuentra en malas condiciones», lo que contradice los estándares de seguridad esperados para una zona de alta sensibilidad migratoria.
El reporte también expone un preocupante abandono de la infraestructura tecnológica y sanitaria en el Complejo Fronterizo de Colchane. Según el documento, equipos esenciales como el Body Scan de la PDI, las máquinas de rayos X y el incinerador del SAG se encuentran inoperativos desde hace larga data.
A esta situación se suma que Aduanas presenta una baja frecuencia de fiscalización con su camión scanner, promediando apenas 16 camiones por día, y que herramientas como detectores de gases y videoscopios no están siendo utilizados por el personal.
Por otra parte, la contralora enfatizó que, la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal (DPP del Tamarugal) cuenta con un plazo de 60 días hábiles para «acreditar las acciones necesarias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad del ‘paso ancestral’, en especial la malla hexagonal».
A pesar de que la DPP del Tamarugal intentó eludir su responsabilidad técnica alegando que el sector estaba fuera de su perímetro administrativo, el organismo fiscalizador ratificó que el área está bajo su jurisdicción y exige soluciones inmediatas para frenar el riesgo de ingreso de drogas y el accionar de bandas criminales en la frontera.
Finalmente, la auditoría advirtió que la dotación de Policía Internacional es inferior a la requerida y que existe una ausencia total de Carabineros dentro del recinto fronterizo. Además, se detectó que 18 drones y equipos de vigilancia de última generación, adquiridos para reforzar el sistema fronterizo bajo el proyecto SIFRON, ni siquiera han sido entregados a las Fuerzas Armadas para su despliegue, dejando a la zona sin los recursos tecnológicos necesarios para un control efectivo en una de las rutas más complejas del desierto tarapaqueño.
