La acción penal del organismo público se fundamenta en la impactante confesión del fundador de Grupo Patio, Álvaro Jalaff, quien admitió ante la Fiscalía haber realizado pagos irregulares, sin boletas y en efectivo, para destrabar trámites gubernamentales. La ofensiva legal complica drásticamente la estrategia del imputado al perseguirse delitos cometidos en su condición de funcionario público.
El tablero judicial de la causa de corrupción más mediática del último tiempo vuelve a agitarse con fuerza en los tribunales capitalinos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una nueva e importante querella criminal en contra del abogado Luis Hermosilla, en el marco del denominado “Caso Audio”, apuntando específicamente a su presunta responsabilidad en transacciones irregulares y gestiones de influencia destinadas a acelerar la aprobación del millonario proyecto inmobiliario Parque Capital.
La determinación del organismo que vela por los intereses del Fisco se gatilló de manera directa tras la filtración de la reveladora declaración judicial de Álvaro Jalaff, uno de los fundadores del Grupo Patio, quien compareció en calidad de imputado ante el Ministerio Público. “Tomé conciencia de que Luis, en esa época, era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”, confesó textualmente el empresario ante la Fiscalía de Alta Complejidad, dinamitando el flanco de la defensa del penalista.
Pagos en efectivo y el peso de ser «funcionario público»
La arista penal que hoy lidera el CDE se enfoca en el uso de contactos de alto nivel mediante terceros con diversas autoridades de gobierno de la época para destrabar documentaciones esenciales. Según los antecedentes recopilados, las gestiones se habrían aceitado mediante un presunto pago irregular de 5 mil UF, sumado a la posterior compensación de una millonaria deuda.
Ante el fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de la Jurisdicción Metropolitana Oriente, Jalaff reconoció explícitamente la existencia de estos desembolsos económicos hacia Hermosilla para favorecer la tramitación del proyecto en cuestión, detallando que estas operaciones se realizaron de manera clandestina, sin la entrega de boletas de honorarios o facturas comerciales, y ejecutadas en gran parte mediante dinero en efectivo.
El verdadero nudo crítico y problemático para Hermosilla radica en el factor temporal de los hechos. Mientras se desarrollaban estas presuntas gestiones de lobby e incentivos económicos, el imputado ejercía un cargo público remunerado, desempeñándose activamente como asesor del Ministerio del Interior durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. Esta condición modifica radicalmente las reglas del juego procesal, ya que los delitos funcionarios —como el cohecho y el soborno— ostentan penas sustancialmente más altas y menor acceso a beneficios alternativos de cumplimiento.
Defensas acorraladas y el fantasma de cautelares más gravosas
En el ámbito técnico y legal, diversos penalistas y expertos advierten que esta nueva línea investigativa debilita severamente el margen de maniobra de la defensa del controvertido abogado, puesto que la persecución del Ministerio Público ya no apunta a un simple trato comercial o asesoría entre actores privados, sino a la vulneración de la probidad pública de un agente del Estado.
Al respecto, el exfiscal y abogado penalista Andrés Cruz señaló que la ofensiva del Consejo de Defensa del Estado complejiza el panorama general de la causa, debido a que incorpora formalmente a un nuevo intermediario y querellante de peso en el expediente. Cruz añadió que estas nuevas circunstancias y antecedentes fácticos podrían impactar directamente en las medidas cautelares vigentes, abriendo la puerta técnica para que la Fiscalía o el Tribunal de Garantía impongan restricciones aún más gravosas, tomando en consideración la multiplicidad de causas pendientes que ya arrastra el imputado.
Las repercusiones de este hito judicial tendrán su hora de la verdad este lunes, jornada en la cual los tribunales discutirán en audiencia la formalización de la investigación en contra de ambos involucrados por esta nueva y millonaria arista del caso. En tanto, las consultas periodísticas efectuadas a la defensa de Luis Hermosilla, encabezada por su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla, no obtuvieron respuestas ni declaraciones oficiales hasta el cierre de esta edición.
