La Sala de la Cámara de Diputados cerró el capítulo de la polémica reforma constitucional sobre la dieta de los expresidentes de la República. La iniciativa, que buscaba limitar o redefinir los beneficios económicos de quienes han ocupado el máximo cargo del país, no alcanzó los 87 votos necesarios y quedó archivada con 78 apoyos, 4 rechazos y 41 abstenciones, dejando el tema abierto para futuras discusiones.
El proyecto, que nació de once mociones refundidas, proponía que los expresidentes perciban únicamente una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, sin asignaciones adicionales con fondos públicos. Además, establecía que este beneficio no aplicaría a quienes asumieran el cargo por vacancia, a quienes fueran condenados mediante juicio político ni a quienes desempeñaran funciones remuneradas, públicas o privadas, mientras fueran candidatos a elecciones populares.
Un debate que encendió la Sala
La jornada estuvo marcada por intervenciones apasionadas de diputados de todas las bancadas. Quienes apoyaron la reforma denunciaron que la dieta actual representa un privilegio desproporcionado, y subrayaron la necesidad de avanzar hacia la eficiencia fiscal y la austeridad en el gasto público. Algunos propusieron limitar el beneficio hasta los 65 años, en línea con la edad de jubilación de los chilenos, aunque esta indicación no llegó a votarse.
“No se trata de perseguir a nadie en particular, sino de garantizar que la función de expresidente no se transforme en un privilegio vitalicio”, afirmó un diputado proponente, en alusión al actual Presidente Gabriel Boric, sin nombrarlo directamente.
Por el contrario, los parlamentarios que rechazaron la reforma defendieron la dieta como un mecanismo de protección institucional. Subrayaron que garantiza que los exmandatarios no queden a merced del libre mercado ni se conviertan en agentes de lobby con información sensible adquirida durante su gobierno. Además, aseguraron que estas asignaciones permiten que los expresidentes se concentren en el país y no en su futuro económico, y financian oficinas, personal y actividades propias de la dignidad presidencial.
Origen y alcance de la propuesta
La reforma buscaba actualizar el capítulo IV de la Constitución, relativo a la Presidencia de la República. Las mociones refundidas planteaban desde la eliminación total de la dieta hasta su restricción temporal, incluyendo asignaciones condicionadas por edad o tiempo de reinserción laboral. El proyecto fue diseñado para redefinir de manera clara los beneficios que acompañan la figura de expresidente, asegurando transparencia y límites claros.
Paralelo con la seguridad en el sur
En la misma sesión, la Cámara aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur por 30 días, que entrará en vigor el 27 de septiembre. Según informes oficiales, la medida ha permitido 647.370 controles, 1.376 detenciones y una reducción del 36% en los hechos de violencia rural respecto a 2024, incluyendo caídas significativas en ataques incendiarios (39%), robos (48%) y sustracción de madera (52%) en comparación con 2021.
Una lección política y simbólica
El rechazo de la reforma muestra la complejidad de equilibrar austeridad fiscal con la protección de instituciones estratégicas. Mientras un sector exige limitar privilegios percibidos como injustos, otro defiende la estabilidad y autonomía de la Presidencia frente a la presión política o mediática.
Aunque el proyecto quedó archivado, el debate sobre la dieta de los expresidentes no termina aquí: se trata de un tema que combina ética, política y opinión ciudadana, y que probablemente volverá a surgir en el Congreso en los próximos años, en medio de la mirada atenta de la ciudadanía y los medios.
