El Congreso Nacional despachó a ley la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), normativa aprobada de forma unánime por la Cámara de Diputados que aumenta el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para que Carabineros y PDI puedan detener a sospechosos sin autorización previa.
Es así como la nueva legislación fortalece las atribuciones policiales para solicitar registros de televigilancia y testimonios de forma voluntaria, manteniendo en 12 horas la flagrancia para civiles y ampliándola a 48 horas para la Policía Marítima, medida orientada a frenar delitos de alta connotación social como robos y portonazos.
Sobre el impacto operativo de la ley en la persecución penal, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró que «las policías necesitan tener mayores facultades de actuación autónoma. No puede ser que nuestro Código les exija estar pidiéndole una autorización al fiscal para la realización de un conjunto de diligencias que son casi obvias».
Respecto a las nuevas facultades de investigación en el sitio del suceso, el ministro de Justicia, Fernando Rabat concluyó que «le permite a las policías requerir a los dueños o encargados de sistemas de televigilancia y a los testigos la entrega voluntaria de los registros captados si son útiles para la detención y el esclarecimiento de los hechos».
