Luego de la numerosa prueba testimonial, pericial y documental presentada por el fiscal de foco Oscar Sáez, el tribunal oral en lo penal de Iquique resolvió condenar a los dos hombres y una mujer -todos de nacionalidad venezolana- acusados por la Fiscalía de Tarapacá como autores del secuestro y homicidio de un comerciante iquiqueño, de 67 años de edad, ocurrido en enero del año pasado.
“Estamos satisfechos con el veredicto dictado por el tribunal, ya que acogió nuestro planteamiento de que el delito que sufrió la víctima es un secuestro que terminó con su homicidio y también que los tres acusados por la Fiscalía tuvieron participación como autores en este terrible hecho”, manifestó el fiscal Sáez a cargo de la causa.
De acuerdo a la acusación del fiscal la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, durante parte del año 2021 la víctima N.A.M.P. mantuvo como trabajadora a la acusada M.M.C. en el local comercial que tenía en una feria de Alto Hospicio, luego de lo cual mantuvieron una relación de confianza que permitió a la acusada conocer la situación económica de la víctima y de su familia.
El día 06 de enero del año 2022, aproximadamente a las 10:00, la víctima salió desde su domicilio ubicado en el sector céntrico de Iquique, a bordo de su vehículo particular con destino a la comuna de Alto Hospicio, informando a su familia que concurriría a realizar trámites notariales, sin embargo, en realidad se dirigió al sector de la Toma La Mula, en donde vivía la acusada M.M.C.. Allí sujetos desconocidos, y luego con los acusado A.A.P. y K.R.N., retuvieron a la víctima contra su voluntad, manteniéndola amarrada y con los ojos vendados.
Allí le tomaron fotografías y grabaron audios con el objeto de exigir un rescate a la familia, indicándole al hijo de la víctima que no debía concurrir a la policía por su liberación. Durante la noche del 06 y madrugada del 07 de enero, los acusados junto a los sujetos desconocidos, golpearon, torturaron y asesinaron a la víctima, propinándole heridas con elementos cortantes, punzantes y contundentes en diversas partes de su cuerpo, trasladándolo hasta una vivienda ubicada en las cercanías del lugar, donde finalmente enterraron su cuerpo sin vida.
Luego de dar muerte a la víctima, y teniendo en su poder registros de fotografías y audios obtenidos de la víctima durante su cautiverio, el grupo continuó con la extorsión, enviando las imágenes, audios y video de la víctima cautiva al hijo, exigiéndole la entrega de $50.000.000.. Como el hijo de la víctima no pudo reunir ese dinero, llegó a un acuerdo con los captores de pagar $11.000.000 en efectivo.
Una vez con el dinero, el hijo de la víctima recibió diversas instrucciones en cuanto a la entrega del dinero, y en la mañana del 8 de enero se trasladó hasta Colchane, seguido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, pero una vez en Colchane, el grupo le exigió que para liberar a su padre y efectuar el pago, debía pasar en forma ilegal a territorio boliviano, lo que finalmente no se concretó.
En estas circunstancias, el acusado K.R.N. concurrió hasta el domicilio ubicado al interior de las tomas Las Mulas donde había sido enterrado el cuerpo de la víctima, y comenzó a desenterrarlo para luego trasladarlo hasta un sitio eriazo en las mismas Tomas la Mula, con el objeto de ocultar el cuerpo del delito y que no sea descubierto por los funcionarios policiales que ya realizaban diligencias en el sector.
Posteriormente, funcionarios policiales encontraron la vivienda donde la víctima se mantuvo cautiva, encontrando la habitación y la cama desde donde se habrían tomado las fotografías enviadas a su hijo., además de un cuchillo con rastros de sangre de la víctima. En horas de la tarde, funcionarios de la PDI encontraron el cuerpo de la víctima en un sitio eriazo al interior de la misma toma Las Mulas, el que se mantenía envuelto en una sábana, amarrado de pies y manos, con su vestimenta completa y múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte.
En el juicio que duró tres semanas, el fiscal Sáez presentó los testimonios de la familia de la víctima, de testigos reservados y de los funcionarios policiales que realizaron las diligencias investigativas, además de peritos y prueba documental.
La lectura de sentencia será el próximo viernes 20 de octubre, a las 12:45 horas.
