
Tras huir del país y permanecer prófugo por tres años, José Luis Rivera Alarcón fue extraditado desde Perú y condenado por el homicidio de un ciudadano boliviano en 2022. Una compleja investigación de la Fiscalía de Arica, que incluyó interceptaciones telefónicas y georreferenciación, permitió posicionarlo en el sitio del suceso y acreditar un móvil económico tras el crimen.
La Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Arica logró una sentencia de 10 años y un día de presidio efectivo contra José Luis Rivera Alarcón, de nacionalidad chilena, como autor del delito de homicidio simple. El fallo pone fin a un proceso judicial que se inició en febrero de 2022, cuando el ahora condenado acabó con la vida de un hombre de 40 años en la zona rural de la ciudad.
Ejecución y huida al extranjero
Los hechos se remontan a la tarde del 24 de febrero de 2022. Según la investigación liderada por el fiscal Manuel González y la Brigada de Homicidios de la PDI, el acusado se aprovechó de una relación de confianza con la víctima de nacionalidad boliviana, para trasladarla hasta el kilómetro 2027 del Valle de Chaca.
En dicho lugar, Rivera Alarcón le disparó en la cabeza a la víctima, provocándole la muerte de forma instantánea. Tras perpetrar el ataque, el homicida cruzó la frontera inmediatamente para eludir la justicia chilena, refugiándose en la ciudad de Tacna, Perú.
Inteligencia policial y extradición
La impunidad del sujeto terminó en febrero de 2025. Tras tres años de búsqueda, una fuerza de tarea de la PDI logró interceptar comunicaciones telefónicas que confirmaron su paradero. Con una alerta roja internacional vigente, se coordinó un proceso de extradición con la policía peruana, logrando su captura el 25 de febrero de 2025.
Durante el juicio oral, que se extendió por cuatro días, la fiscal Verónica Roco presentó pruebas clave para desarticular la defensa del imputado:
- Prueba indiciaria: El análisis de las antenas celulares posicionó el teléfono de Rivera en el Valle de Chaca en el horario exacto del crimen.
- Móvil económico: La fiscalía logró acreditar que el asesinato fue motivado por rencillas o deudas de dinero.
- Georreferenciación: El seguimiento tecnológico fue vital para reconstruir la ruta de huida del condenado.
Presidio efectivo
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dio por acreditados los hechos y la participación del acusado, dictaminando que la pena de 10 años y un día deberá ser cumplida de manera efectiva, sin beneficios de penas sustitutivas.







