Este martes inició el juicio oral del Caso Fonasa, que incluye 18 imputados -10 de ellos médicos-, por la millonaria defraudación al sistema con licencias falsas.
Tras cuatro años de investigación, se determinó que se crearon más de 50 clínicas de fachada, las que presentaron más de 80 mil documentos fraudulentos, y generaron un perjuicio al fisco de decenas de millones de dólares.
El fiscal Álvaro Pérez detalló que, «pretendemos acreditar durante el desarrollo del juicio que médicos extranjeros crearon diversos centros médicos con la finalidad precisa de emitir licencias fraudulentas. Las envergaduras son de gran importancia, hablamos de más de 80 mil licencias médicas fraudulentas, estima la Fiscalía y con perjuicios para el Fondo Nacional de Salud por sobre los 30 mil millones de pesos».
El principal involucrado en el caso es el doctor colombiano Samir Rivaldo, quien ingresó a Chile con su pareja Yesica Donado, con el fin de crear estas clínicas.
Doris Espinoza, abogada de Rivaldo, planteó que, «nosotros consideramos que la asociación ilícita no se reúnen todos los requisitos conforme a la antigua legislación. Recordar que al señor Samir Rivaldo se le va a juzgar por la legislación anterior del crimen organizado y no por los nuevos delitos en ese aspecto».
«También consideramos que el delito de lavado de activos, el señor Rivaldo en Chile no tiene bienes, no tiene sociedades en donde haya reinvertido algún tipo de dinero. Lo que sí se va a poder acreditar es que el señor Rivaldo sí remitía fondos desde Chile hacia Colombia y que están dirigidos principalmente a sus familiares, más bien es un consumo y no un lavado de activos», añadió.
Por su parte, Rodrigo Varela, abogado querellante en el caso representando a las isapres, dijo que «lo ideal en esto es que sean penas ejemplificadoras y disuasivas respecto a demás personas, ya sean médicos, captadores, administrativos o los mismos afiliados, para efectos de que vayan a cometer este tipo de fraude».
«Es importante destacar que la ley no distingue entre quien vende una receta, en este caso el médico, de quien la compra, llevan aparejadas la misma pena, por lo tanto es fundamental que en este juicio se logren las mayores penas posibles para disuadir y de una vez por todas erradicar este tipo de fraude del sistema de salud», agregó.
Se estima que el juicio se extenderá entre cuatro y siete meses.
