Autoridades de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador acordaron avanzar en un plan de acción regional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional. La cita, encabezada en Santiago por el Presidente José Antonio Kast y ministros de la región, puso énfasis en fronteras, inteligencia e intercambio de información.
Con el crimen organizado instalado como una de las principales amenazas de seguridad en América Latina, representantes de cinco países sudamericanos sellaron este jueves en Santiago un acuerdo orientado a fortalecer la coordinación regional frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
La reunión de alto nivel —convocada por la Cancillería chilena— reunió a ministros de Relaciones Exteriores, autoridades de seguridad e interior de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, quienes suscribieron compromisos para elaborar un plan de acción conjunto enfocado en combatir fenómenos como narcotráfico, tráfico de personas, lavado de activos, redes criminales transfronterizas y delitos vinculados a economías ilícitas.
El encuentro fue encabezado por el Presidente de Chile, José Antonio Kast, quien calificó la instancia como una oportunidad para avanzar hacia una estrategia coordinada entre Estados que enfrentan amenazas comunes.
“Puede ser un antes y un después”, sostuvo el Mandatario al destacar que ningún país puede enfrentar de forma aislada estructuras criminales con capacidad de movilizar recursos, tecnología y operaciones internacionales.
Una agenda regional con foco en resultados concretos
A diferencia de otras instancias multilaterales centradas en declaraciones generales, la cumbre realizada en Santiago buscó aterrizar medidas concretas, medibles y verificables, según explicaron desde Cancillería.
Entre los principales ejes abordados figuran el fortalecimiento de la coordinación fronteriza, el intercambio oportuno de información de inteligencia, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos, la interoperabilidad institucional y mecanismos regionales de respuesta frente a estructuras criminales transnacionales.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, remarcó que la naturaleza transfronteriza del fenómeno obliga a los países a abandonar respuestas aisladas.
“No estamos dispuestos a enfrentar divididos esta amenaza”, señaló el ministro, subrayando que las bandas criminales aprovechan vacíos de coordinación entre Estados para expandir sus operaciones.
Qué países participaron y quiénes llegaron a Santiago
La reunión contó con representación de alto nivel de los países invitados.
Por Argentina participaron el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. En representación de Perú asistieron el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior José Zapata. Bolivia estuvo representada por el canciller Fernando Hugo Aramayo, mientras Ecuador participó mediante la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown. Chile estuvo representado por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau García-Huidobro.
El diagnóstico compartido: el crimen ya no reconoce fronteras
Uno de los consensos centrales del encuentro fue que el crimen organizado dejó de operar exclusivamente dentro de límites nacionales y hoy se articula mediante redes logísticas, tecnológicas y financieras que cruzan países con rapidez.
Las autoridades identificaron desafíos comunes vinculados al narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando, armas, lavado de dinero y expansión de organizaciones criminales con presencia simultánea en distintos territorios.
Desde el Gobierno chileno sostuvieron que la coordinación regional resulta clave considerando que muchas de estas estructuras aprovechan debilidades regulatorias, diferencias institucionales y limitaciones operativas entre países vecinos para expandirse.
Kast propone mayor coordinación regional
Durante la cita, el Presidente Kast planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos de trabajo permanente entre países de la región, reforzando canales de cooperación policial, migratoria y financiera.
La apuesta del Ejecutivo chileno apunta a consolidar una agenda regional que permita respuestas más rápidas frente a organizaciones criminales con operación multinacional, especialmente en zonas fronterizas.
Aunque el documento firmado marca una primera hoja de ruta, autoridades señalaron que el siguiente desafío será traducir los compromisos políticos en acciones concretas y coordinación efectiva entre instituciones.
Lo que viene: seguimiento y medidas verificables
Tras la firma del acuerdo, los países participantes deberán avanzar en el diseño de un plan operativo con seguimiento técnico y mecanismos de evaluación.
El objetivo, según explicó Cancillería, es que los compromisos no queden solo en declaraciones diplomáticas, sino que permitan medir avances en cooperación efectiva, intercambio de datos y capacidad regional de respuesta frente al crimen organizado.
