La Contraloría General de la República tomó razón de los decretos que declaran Estado de Catástrofe en zonas de Ñuble y Biobío devastadas por incendios forestales, activando poderes extraordinarios para enfrentar la emergencia, pero advirtiendo que la entrega de ayudas será estrictamente fiscalizada para evitar desorden, abusos o pérdida de recursos públicos.
En medio de un paisaje de cenizas, humo que se extiende por kilómetros y comunidades enteras evacuadas, la preocupación ciudadana no solo se centra en el avance imparable de los incendios forestales que devoran Ñuble y Biobío, sino también en la forma en que el Estado está respondiendo a la tragedia.
La mañana de este domingo, la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos Nº 2 y 3 suscritos por el Ministerio del Interior, que declaran Estado de Catástrofe en amplias zonas afectadas por los incendios que han consumido hectáreas y dejado un rastro de destrucción.
Sin embargo, este no fue un trámite técnico más. Fue el momento en que el país confirmó, una vez más, que la catástrofe ya no es solo un término jurídico: es una realidad palpable, con consecuencias humanas, ambientales y también administrativas.
Un sello que desencadena todos los mecanismos de emergencia
En la madrugada del domingo, cerca de las 3:30 AM, el Presidente Gabriel Boric anunció el decreto en su cuenta oficial de X, señalando que ante los incendios “todos los recursos están disponibles”.
Sin embargo, esos decretos —aunque anunciados en redes— debían pasar por la Contraloría para ser formalmente ratificados. Recién al recibir el visto bueno del ente fiscalizador, la declaración de Estado de Catástrofe adquirió plena vigencia administrativa y legal.
Esto habilita al Gobierno a movilizar recursos, restringir accesos, coordinar Fuerzas Armadas, reforzar el apoyo logístico, e incluso activar disposiciones especiales como el toque de queda, si fuera necesario —herramientas clave para una emergencia que sigue fuera de control.
Detrás del humo: el llamado a transparencia y control
Pero la Contraloría no solo se limitó a dar luz verde al Estado de Catástrofe. También puso sobre la mesa una preocupación que va más allá del fuego: cómo se entregan y cómo se registran los beneficios destinados a las personas damnificadas.
El Dictamen N° E449049 de 07 de febrero de 2024, emitido por el organismo fiscalizador, establece una serie de controles mínimos que deben cumplir las instituciones públicas al recibir y entregar la ayuda humanitaria dispuesta por la emergencia.
El documento —dirigido inicialmente a la Ministra del Interior y Seguridad Pública— advierte con crudeza que el hecho de acelerar procesos y flexibilizar procedimientos en situaciones de emergencia no puede significar abandonar la probidad ni el resguardo del patrimonio público.
Claves del control exigido por Contraloría
El dictamen establece normas que la ciudadanía debería conocer —especialmente quienes han perdido todo o esperan ayuda:
- ¿Qué se considera “beneficio”?
Todo aporte en dinero o en especie destinado a enfrentar la emergencia, desde materiales de construcción hasta alimentos y transferencias monetarias. - 📝 Registro obligatorio:
Cualquier bien o dinero que ingrese debe quedar documentado electrónicamente, con respaldo físico y a disposición de autoridades para fiscalización. - 💻 Dinero en efectivo solo por transferencia:
Los pagos individuales deben hacerse por medio de transferencias electrónicas y con un registro claro de cada beneficiario: nombre, RUN, fecha, banco y monto. - 🧑💼 Responsabilidad administrativa:
La entrega de bienes o dinero no puede estar en manos de cualquier persona: debe realizarse por funcionarios públicos sujetos a rendición de cuentas. - 📍 Sistema de entrega idóneo:
Los criterios de entrega deben ajustarse a la realidad geográfica, las necesidades urgentes y la población afectada, evitando duplicidades o entregas arbitrarias. - 📊 Registro de beneficiarios:
Debe existir un registro electrónico de quienes reciben ayuda, que permita rendir cuentas y evitar fraudes, además de complementar la Ficha Básica de Emergencia tradicional.
Una lupa sobre la transparencia en tiempos de crisis
Las instrucciones de la Contraloría se originan en un reconocimiento duro: la urgencia de atender víctimas no puede convertirse en una excusa para saltarse normas que resguardan la probidad, especialmente cuando están en juego recursos públicos destinados a salvar vidas y reconstruir comunidades.
Estas fiscalizaciones y dictámenes se suman a antecedentes previos en los que el ente señaló falencias graves en la gestión de emergencias forestales y la preparación de municipios y servicios públicos ante crisis de gran magnitud, lo que pone en evidencia una deuda de largo plazo en la gestión del riesgo de desastres.
Una catástrofe exigente
Mientras las llamas siguen, las autoridades trabajan en múltiples frentes: evacuar población en riesgo, desplegar recursos, ejecutar brigadas y reforzar medidas de seguridad. El reconocimiento formal del Estado de Catástrofe otorga herramientas legales para hacerlo con mayor fuerza, pero también obliga —en igual medida— a implementar mecanismos de control y transparencia para que cada ayuda llegue a quien realmente la necesita y no se pierda en el camino burocrático.
Una lección de fuego, ley y responsabilidad
Lo que ocurre en Ñuble y Biobío no es solo un desastre natural. Es un test de la capacidad institucional del país para reaccionar ante una catástrofe, garantizando tanto la protección de vidas como la integridad del gasto público.
La Contraloría, al tomar razón de los decretos de Estado de Catástrofe y al recordar las instrucciones de controles mínimos para la entrega de beneficios, ha dejado claro que —incluso en medio del fuego— no hay excusas para abandonar la transparencia, el correcto uso de los recursos y el respeto por el patrimonio de todos los chilenos.
¿Qué viene ahora?
Sociedad civil, autoridades y organismos de control mantendrán bajo escrutinio las acciones del Gobierno y los servicios, al tiempo que la emergencia exige un despliegue sin precedentes de capacidades para proteger vidas y reconstruir territorios.
